Presta declaración el acusado de abusar sexualmente de una mujer en las fiestas de San Lorenzo de 2018
La Fiscalía pide para él siete años de cárcel, una orden de alejamiento y una indemnización de 12.000 euros<br>
La Audiencia Provincial de Huesca juzga desde este martes hasta el 16 de diciembre a un varón acusado de agredir sexualmente a una joven en las fiestas de San Lorenzo de 2018. Durante la primera sesión, a puerta cerrada, el tribunal ha escuchado las declaraciones y testimonios del acusado, la víctima, la hermana de la víctima, dos jóvenes testigos y varios policías que prestaron servicio en el momento de ocurrir los hechos. La segunda sesión continuará este miércoles con las pruebas periciales médicas y psicológicas de la víctima.
La Fiscalía pide para el acusado siete años de cárcel, una indemnización de 12.000 euros por el estrés postraumático sufrido, la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros y comunicarse en diez años por un delito de abusos sexuales con penetración.
Los hechos ocurrieron en la tarde del 9 de agosto, tras el lanzamiento del cohete anunciador, en el domicilio de la víctima. El supuesto agresor aprovechó que la joven se encontraba descansando para realizarle tocamientos hasta acabar consumando el acto sexual sin su consentimiento. La víctima consiguió salir a la calle cuando este se quedó dormido, y allí fue auxiliada por dos jóvenes, con las que alertó a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios.
Tanto en este como otra supuesta agresión sexual ocurrida en dichos festejos, las víctimas no presentaron denuncia, pero la Policía Nacional abrió dos investigaciones de oficio para esclarecer lo ocurrido. Hubo manifestaciones en apoyo y diversas formaciones políticas pidieron la dimisión de la entonces subdelegada del Gobierno en Huesca, Isabel Blasco; la del alcalde, Luis Felipe; y la de la exconcejala de Seguridad Ciudadana, Teresa Sas; por no haber reconocido en un primer momento públicamente que se habían abierto investigaciones por lo ocurrido.
El Ayuntamiento abrió una comisión de investigación para analizar la gestión de la información en la que se decidió, finalmente, que el consistorio no debía informar sobre delitos sexuales.
