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Sabiñánigo aprobará en un mes la modificación de su PGOU para instalar placas fotovoltaicas

Comenzará entonces un periodo de alegaciones y ratificación durante el que continuará la moratoria

Las solicitudes de instalación de grandes parques fotovoltaicos en el municipio de Sabiñánigo ascienden a más de 310 hectáreas. Todas han sido denegadas en base a la moratoria que se aprobó hace un año, y esperan una nueva normativa que, según explica la alcaldesa, Berta Fernández, “regulará distancias a núcleos y puntos de interés” y establecerán un tamaño máximo.

A finales de febrero está previsto aprobar de forma inicial esa modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Pero el proceso no acaba allí. Se abrirá entonces un periodo de alegaciones y deberá ser ratificada por la Comisión Provincial de Urbanismo. La alcaldesa de Sabiñánigo explica que mientras dure ese proceso no aprobarán ningún proyecto. La moratoria ha sido ratificada por la Comisión Provincial de Urbanismo, tanto en Sabiñánigo como en Jaca.

La alcaldesa de Sabiñánigo confirma proyectos que, en su conjunto, prevén la instalación en el municipio de más de 310 hectáreas con placas fotovoltaicas. A ello se sumaría un número similar en Jaca y la afección por la línea de evacuación en el término municipal de Biescas. A estas más de 310 hectáreas en Sabiñánigo se suman más hectáreas que las empresas tienen apalabradas con sus propietarios, “no sabemos si para más placas o para impedir que otras empresas se puedan colocar en ese terreno”.

En la regulación, explica la primer edil, se seguirá bonificando la instalación de placas solares en viviendas privadas para autoconsumo.

La modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Sabiñánigo llegará tras un año de trabajo que debe estar muy bien sustentado en criterios técnicos, explicaba la alcaldesa. En este tiempo se han reunido con la Plataforma en Defensa del Paisaje y la Vida en el Pirineo, contraria a la instalación de macroparques solares, propietarios que han acordado la cesión de sus terrenos u organizaciones como Ecologistas en Acción. Este 3 de febrero se celebra pleno extraordinario en el que analizarán en qué punto se encuentra el proceso, un pleno forzado por grupos de la oposición. PP y PAR denuncian falta de información y participación en el proceso.