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Economia y negocios | Actualidad

CSI Pide a los políticos que se pronuncien sobre los 155 despidos de Trubia

El sindicato, cuya denuncia dio pie a los despidos, afirma que en otras fábricas de General Dynamics se sigue una política de contrataciones distinta

Vista de la fábrica de armas de Trubia.

Oviedo

El sindicato Corriente Sindical de Izquierda (CIS) denuncia la política de contrataciones de Santa Bárbara Sistemas en la Fábrica de Armas de Trubia y pide a los grupos parlamentarios de la Junta General que se pronuncien, tras el despido de 155 trabajadores por parte de una empresa subcontratada. Los despidos llegaron tras la denuncia de esta organización sindical sobre la exposición de estos operarios a sustancias cancerígenas en labores de soldadura que solo puede realizar personal propio de plantilla.

CSI denunció ante la Inspección de Trabajo que las labores de soldadura que hacían trabajadores de una empresa subcontratada, solo podían ser realizados por trabajadores de plantilla. La Inspección de Trabajo les dio la razón y Santa Bárbara resolvió la situación anulando el contrato con esa empresa, lo que desembocó en el despido de esos 155 operarios.

La pretensión del sindicato denunciante era que Santa Bárbara los integrara en su plantilla. Y es que, según el presidente de la Sección Sindical de CSI en Santa Bárbara y del Comité de Empresa, Pablo Coto, “no entendemos esa política cuando esa misma multinacional en las otras factorías que tiene en Europa sigue otra política de contrataciones completamente diferente. En Suiza o en el Reino Unido la contratación es de la propia empresa y en unas condiciones mucho más favorables”.

CSI mantiene movilizaciones en Trubia para lograr que esos empleados sean contratados por Santa Bárbara. Según ha explicado Coto, esos empleos no han sido cubiertos y no hay ningún tipo de diálogo con la empresa, que se limita afirmar que está tratando de cubrirlos de la mejor manera posible. Apela a que la multinacional del armamento utiliza instalaciones públicas y depende de contratos públicos para exigir a los grupos parlamentarios y al Ayuntamiento de Oviedo que tomen posición ante este conflicto.