Tribunales

El TSJ de Asturias respalda la denuncia de Liberum contra el protocolo impuesto por el Gobierno asturiano en las residencias

La sentencia no es firme y puede ser recurrida, y no es la única que la asociación tiene en marcha y pendiente de resolución en Asturias, España y pronto en la UE

Tiempo para el café en una residencia de ancianos / Cadena Ser

Oviedo

La Sala de lo Social del TSJ de Asturias ha dado la razón a la Asociación Liberum en su denuncia contra el protocolo impuesto por el Gobierno asturiano para la actuación frente al Covid-19 en las residencias de mayores de la región. Dicen desde Liberum que la sentencia llega tarde, pero llega, de forma que sienta jurisprudencia y precedentes a la vez que permite que quienes se sintieron afectados por las medidas implantadas puedan reclamar ante la Consejería de Servicios Sociales los daños sufridos. La presidenta de Liberum, Concepción Cuevas, explica que desde su asociación no se entra a discutir cuáles deberían de haber sido las medidas para atajar la pandemia, pero sí su encaje legal. Afirma que se tomaron decisiones políticas y económicas (nunca sanitarias), que se ocultó información a los ciudadanos, y que, la Ley hay que cumplirla en todos los casos, también cuando se sufre una pandemia…

Concepción Cuevas, explica las razones de su denuncia

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Recursos similares los ha interpuesto la asociación en otras Comunidades Autónomas de España que, independientemente de su color político, actuaron de forma similar. Exhiben, además, un informe de la ponencia de alertas sanitarias estatales que contradeciría las medidas políticas adoptadas en todo el país, lo que les ha animado a denunciar, en todos los territorios, la obligatoriedad del denominado como “pasaporte Covid”, denuncia que elevarán al Tribunal Superior de la Unión Europea, ya que la exigencia del mismo sigue respaldada por los organismos europeos, al menos durante un año más, para aquellos países que quieran imponerlo.

Están en juego, afirman, los derechos a la intimidad, a la dignidad y a la libre circulación de los ciudadanos; insisten en que no se puede coaccionar a las personas para que se sometan a tratamientos o pruebas diagnósticas, algo que en nuestro país respalda la Ley de Autonomía del Paciente.

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