Melania Álvarez defiende que el ERA supera la plantilla exigida por la ley de Dependencia
El comité de empresa seguirá encerrado si no hay avances en sus exigencias
Trabajadores del ERA concentrados, este jueves, ante la Junta General donde comparecía la consejera de Derechos Sociales / Silvia Rúa
Oviedo
La consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, compareció esta mañana ante el parlamento asturiano a petición del Grupo Popular para explicar la situación del organismo autónomo ERA, el ente gestor de los establecimientos residenciales de Asturias. Ha sido además, la primera vez que se refería en público a este asunto desde que hace ahora once jornadas, representantes de los trabajadores iniciaron un encierro en la sede de la gerencia del organismo, ubicada en Oviedo.
Melania Álvarez ha defendido que actualmente, el ERA dispone de una plantilla de 2.200 trabajadores para atender a 3.073 personas, con una media de edad de 82 años, en los centros y recursos de gestión directa. Es decir, una ratio de profesionales “del 0,45” por cada usuario lo que sería “muy superior a la exigida en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia” y que se sitúa en 0,31 para este año y 0,33 para 2024.
Momento de la comparecencia parlamentaria de Melania Álvarez / Principado
Respecto a las exigencias de un plus de peligrosidad que pide la plantilla de los centros públicos de mayores, la titular de Derechos Sociales, si bien ha defendido la voluntad de diálogo por parte de su departamento para desenquistar el conflicto laboral, ha hecho referencia a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que ya habría denegado esta exigencia de los sindicatos que alertan de que han de hacer frente a la conducta agresiva por parte de algunos usuarios; casos que sin embargo, Melania Álvarez ha tildado de “esporádicos y no generalizados”. Según Álvarez, las personas atendidas “no son peligrosas. Se dan episodios como en la vida cotidiana pero no aceptamos que se estigmatice el cuidado como peligroso o penoso y mucho menos criminalizar”.
La consejera de Derechos Sociales destaca en la Junta General que este año se ha producido el incremento “de mayor calado en la historia del organismo”: 500 personas más en plantilla y casi cinco millones en sueldos. Ha reiterado, asimismo, la voluntad de diálogo por parte del Principado con las representantes sindicales, a las que “ya ha ofrecido cinco fechas de encuentro que han rechazado”
PROTESTA LABORAL DURANTE LA COMPARECENCIA
Los trabajadores del ERA, en su mayor parte trabajadoras, han protagonizado una ruidosa protesta ante las puertas de la Junta General donde han aprovechado la comparecencia de Melania Álvarez para dar visibilidad al conflicto por el que representantes de los trabajadores llevan ya once días encerrados en la sede del organismo autónomo en Oviedo. Dice la presidenta del comité, Beatriz Fernández, que la consejera de Derechos sociales hace públicos los datos que le interesan, pero que no se ajustan a la realidad que ellos denuncian. “Lo que pedimos es un aumento de los mínimos de los profesionales que atienden a los residentes que hay en una planta, por ejemplo. El ejemplo que pusimos es muy claro; a lo mejor en un turno de tardes hay dos personas por turno para 38 residentes. De esto es de lo que estamos hablando que después las cifras que sacan son las que les gusta sacar”.
Momento de la protesta de los trabajadores de las residencias, ante la Junta General / Silvia Rúa
También desmiente a la titular de Derechos sociales cuando acusa al comité de empresa de falta de voluntad negociadora. Si quiere hablar con ellos, asegura Beatriz Fernández, los encontrará en la misma sede del ERA donde seguirán encerrados, si no se dan avances. “Ella considera que rechazamos reuniones cuando simplemente lo que decimos es que cuanto antes. Si ella quiere reunirse con el comité, estamos en Gerencia”.
Respecto a la sentencia a la que hacía referencia Melania Álvarez por la que los trabajadores de las residencias de mayores no tendrían derecho al plus de peligrosidad que exigen, la presidenta del comité de empresa asegura que se trata de una decisión judicial de “hace años cuando no había ni memoria, ni había datos sobre la peligrosidad” y por tanto que estaría alejada de la realidad de los centros de mayores a día de hoy.
