Las organizaciones agrarias en pleno rechazan la reforma de legal que endurece las sanciones por no sanear los montes

El Gobierno del Principado llevará, la próxima semana, al pleno de la Junta General, su controvertida reforma de la Ley de Montes, y lo va a hacer con todo el sector agrario en contra de su propuesta. Hasta seis organizaciones del campo asturiano se han posicionado contra la formulación de una reforma que aplica mano dura sobre los propietarios de fincas que no las limpien periódicamente, al entender que de este modo se convierten en un posible foco de incendio forestal. La correa de trasmisión de los sindicatos del campo en este debate será el Partido Popular, que con su respaldo ha anunciado una batería de enmiendas.

Apenas faltan siglas en el frente común contra la reforma de la Ley de Montes; o contra ésta reforma. URA, ASAJA, UCA, COAG, USAGA y Asturias Ganadera, conceden que es preciso adaptar la norma autonómica respecto a las novedades que ya se han incorporado a la legislación estatal, pero no aceptan lo que ellos entienden como un exceso de prohibiciones y sanciones.

Las propias organizaciones agrarias han redactado un manifiesto con sus reclamaciones, que el grupo popular en el parlamento regional ha convertido en enmiendas al texto del gobierno: quieren que el Principado desista de su intención de prohibir la quema de rastrojos en las proximidades de suelo urbano y que las mantenga supeditadas a autorización; y que se rebaje la gravedad de la infracción en caso de que las fincas y montes no saneados sean de menos de dos hectáreas. También que se diferencien las sanciones según haya o no daños en caso de incendio.

La reforma de la Ley de Montes llega el miércoles al pleno de la Junta, de momento con el único apoyo explícito del PSOE e IU.