Asturias solicitará formalmente al Gobierno de España la revisión de oficio de la prórroga del peaje del Huerna
Se trata de la primera medida administrativa y es imprescindible para poder emprender un procedimiento judicial
Reunión de la Alianza por las Infraestructuras. / Principado de Asturias
Asturias
El Gobierno del Principado da el primer paso administrativo antes de iniciar la vía judicial y va a solicitar al Gobierno de España la revisión de oficio de la prórroga de la concesión de la autopista AP-66 (peaje del Huerna), ampliada hasta 2050 por un Real Decreto del año 2000 aprobado por el Ejecutivo nacional que presidía el popular José María Aznar, siendo ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos.
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La revisión de oficio es un mecanismo que permite a la Administración revisar y anular, si procede, sus propias decisiones cuando resultan ilegales o irregulares y es el paso previo imprescindible para poder emprender un procedimiento judicial ante los tribunales españoles.
Esta iniciativa -en coherencia con el dictamen final de la Comisión Europea (CE) que declaró contrarias al derecho comunitario las prórrogas de las concesiones de las autopistas AP-9, en Galicia y la AP-66- constituye la primera medida administrativa dentro de la batería de actuaciones previstas en el manifiesto de la Alianza por las Infraestructuras que este lunes ha vuelto a reunirse presidida por el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo. “Asturias da el paso que le corresponde. Con la revisión de la prórroga del Huerna iniciamos el cumplimiento del Manifiesto de la Alianza y aplicamos el dictamen europeo con rigor jurídico y determinación política. Es una cuestión de legalidad, igualdad y justicia territorial”, señaló el consejero tras la reunión.
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El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, sobre el peaje del Huerna
El Principado ya ha culminado el análisis jurídico que fundamenta la solicitud de revisión, elaborado por sus servicios técnicos, y lo trasladará al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para su tramitación formal. Calvo ha detallado a los integrantes de la Alianza por las Infraestructuras los pasos que el Gobierno de Asturias está dando en los diferentes ámbitos de actuación y el trabajo técnico y jurídico que se está desarrollando para abordar las posibles actuaciones a corto y medio plazo en el frente administrativo y también en el judicial. Además, ha dado cuenta de la interlocución abierta con las comunidades vecinas de Galicia y Castilla y León junto con las que ha solicitado formalmente al ministerio toda la información relativa al procedimiento de infracción tramitado por la CE, y con las que se mantendrán reuniones esta misma semana.
De igual manera, el Gobierno de Asturias mantiene contacto directo con los responsables técnicos de la Comisión Europea que han elaborado el dictamen, en virtud del cual el organismo comunitario ha abierto un cauce específico a través del cual el Principado puede aportar al procedimiento aquella documentación que considere relevante para su resolución.
En la reunión, el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, ha reclamado al Gobierno de Adrián Barbón que convoque al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, para dar explicaciones en el seno de la Alianza de las Infraestructuras.
Fundamentación jurídica
El análisis del Gobierno del Principado concluye que el Real Decreto 302/2000, por el que se modificaron las condiciones económicas de la concesión de la AP-66 y se amplió su duración hasta 2050, incurrió en causa de nulidad de pleno derecho, al haberse dictado sin seguir el procedimiento de adjudicación legalmente establecido.
El análisis determina que el real decreto introdujo modificaciones sustanciales que alteraron el equilibrio económico-financiero y la duración del contrato, dando lugar en la práctica a una nueva concesión sin licitación pública. De acuerdo con el derecho comunitario, este tipo de actuaciones vulnera los principios de transparencia, concurrencia e igualdad, por lo que el acto administrativo es nulo conforme al artículo 47.1 de la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común.
El Ejecutivo fundamenta asimismo su solicitud en la afectación directa de la prórroga sobre el interés general de la comunidad, dado que el mantenimiento del peaje hasta 2050 supone una barrera económica y social que impacta en la movilidad, la competitividad empresarial, la cohesión territorial y la sostenibilidad ambiental. Asimismo, la jurisprudencia avala la legitimación del Principado para impugnar actos estatales que afecten a los intereses generales del territorio.
“La prórroga del Huerna fue jurídicamente irregular y económicamente lesiva para Asturias. Nuestra obligación es restablecer la legalidad y garantizar que esta comunidad tenga las mismas condiciones de movilidad que el resto del país”, ha concluido Alejandro Calvo.
