El juicio contra Duro Felguera por supuestas mordidas en Venezuela se celebrará en octubre
Anticorrupción pide prisión para dos expresidentes de la compañía

Sede central de la empresa Duro Felguera. / Eloy Alonso (EFE)

Asturias
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado entre el 19 y el 22 de octubre la celebración del juicio contra Duro Felguera y 11 personas, por un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil. La Fiscalía Anticorrupción acusa a exdirectivos de la ingeniería asturiana, entre ellos los ex presidentes Juan Carlos Torres Inclán y Ángel Antonio Suárez del Valle, del pago de 105 millones en supuestas mordidas a excargos del Gobierno venezolano presidido por Hugo Chávez.
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El ministerio público solicita una multa de 160 millones de euros para la compañía asturiana, y una acusación de diez años y cuatro meses de prisión para los supuestamente implicados al considerar que los hechos serían constitutivos de los delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
Central termoeléctrica
El relato de hechos del Ministerio Público apunta a que un alto cargo del Ministerio para la Energía Eléctrica de Venezuela consiguió que se designara a Duro Felguera como concesionaria de una obra, "y ésta, a cambio, se comprometió a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos que determinaron dicha adjudicación, siendo los investigados los que decidieron dichos pagos". En concreto, el escrito de acusación sostiene que Duro Felguera resultó adjudicataria de la obra de construcción de una central termoeléctrica en Venezuela, con un presupuesto de 1.500 millones de dólares.
Según anticorrupción, las empresas españolas Termocentro y Mompresa, cuyo socio único era la propia Duro Felguera, firmaron una serie de contratos con entidades y personas venezolanas, que tenían por objeto, "encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos, para que se favorecieran los intereses de dicha mercantil".
Los fondos obtenidos de las supuestas comisiones fueron invertidos después en la compra de viviendas de lujo en Madrid capital, Majadahonda, Valdemorillo y Lugo.




