La Columna de Carlos Arcaya: «La responsabilidad política de la paralización del PGOU de Alicante»

El 30 de abril de 2020 se puso en marcha la comisión de investigación sobre las consecuencias y responsabilidades del amaño del Plan General, que ha pasado con más pena que gloria y que tras la sentencia de la Audiencia Provincial se va a cerrar con los votos a favor del bipartito y de Vox. Alegan que su existencia ya no tiene sentido. Lo cierto es que Alicante tiene un Plan General que se aprobó en 1987, cuando ni siquiera se vislumbraban los restos del siglo XXI a los que nos enfrentamos. Desde entonces, ha sido imposible aprobar su necesaria revisión. Su tramitación ha sido un camino pedregoso; desde antes de que se judicializara el tema; desde que Luis Díaz Alperi despidió al catedrático Lluis Cantallops, primer encargado de la revisión. Todo lo sucedido hasta su retirada por Miguel Valor, ya lo conocemos. Y que no haya delito alguno -de momento, salvo algún cohecho-, eso no significa que no haya unos responsables políticos de la paralización. Aunque ahora, visto lo visto, lo importante sea que coloquemos todos los vectores en el mismo sentido para conseguir que a medio plazo Alicante tenga el plan de ordenación urbana que se merecía esta ciudad y sus vecinos desde hace décadas.