Denuncian "la nefasta gestión de las administraciones, muy alejada de las necesidades reales de los afectados por el volcán"

La Iniciativa de Apoyo Ciudadano de Afectados por el Volcán de Isla de La Palma ha entregado este viernes ante el Defensor del Pueblo, en su sede de Madrid, las demandas planteadas por los afectados tras 117 días de catástrofe. "La nefasta gestión de las administraciones, muy alejada de las necesidades vitales de los afectados por el volcán, está provocando una gravísima fractura social en la Isla de La Palma, que afecta directamente a la dignidad de las más de 7.000 personas evacuadas, así como a los cientos de negocios y de empresas que están sufriendo las consecuencias", denuncian en un comunicado. "A día de hoy, sigue habiendo vecinos durmiendo en garajes y en caravanas, personas mayores sin acceso a dietas específicas para sus dolencias, como la diabetes, parejas jóvenes que han perdido su hogar y su trabajo y que no tienen recursos para alimentar a sus bebes, o los más de 12 millones de euros en donativos que no llegan a sus destinatarios, entre otras graves irregularidades que afectan a la transparencia y a la participación democrática de los afectados en los procesos de reconstrucción tras el Volcán", añaden en el comunicado de la convocatoria para la entrega del manifiesto al Defensor del Pueblo en Madrid. El portavoz de la Iniciativa de Apoyo Ciudadano de Afectados por el Volcán de Isla de La Palma, Óscar Martín, ha hecho entrega las 15 demandas incluidas en el Manifiesto leído en la mayor concentración de damnificados por el volcán, que se celebró el pasado 27 de diciembre, en la Plaza de Los Llanos de Aridane, para reclamar los derechos de los afectados. "No puede ser que después de cuatro meses siga habiendo personas que están viviendo en autocaravanas, en infraviviendas que han podido rehabilitar para hacer hacerlas habitables, en garajes, en trasteros, tres familias viviendo en un solo domicilio", denuncia Martín en declaraciones a la SER. La Iniciativa de Apoyo a los Afectados denuncia una "lentitud absoluta" mientras la administración presume de la respuesta