"Es una circunstancia que vemos, sobre todo, en la formación", explica el Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias prepara un decreto con sanciones a los demandantes de empleo que rechacen una oferta o un curso formativo. El objetivo del ejecutivo autonómico es poner fin al creciente problema de falta de mano de obra que denuncian continuamente los empresarios. Se establecerán dentro de la norma causas justificadas como la necesidad de conciliación familiar, el cuidado de personas dependientes, padecer una enfermedad o que el centro de formación se encuentre muy alejado del lugar de residencia. Sin embargo, quienes no cumplan estos requisitos y se nieguen al aprendizaje o a ocupar un puesto podrían ver suspendida la prestación de desempleo que perciben.

La suspensión de la prestación es una medida que ya recoge la normativa estatal. Sin embargo, la consejera de Empleo Jessica de León asegura que, hasta el momento, no se ha hecho efectivo el cumplimiento de la norma dictando un marco común de actuación para todas las comunidades. De ahí que el gobierno regional quiera avanzar en su propio decreto. "Es una circunstancia que estamos advirtiendo, sobre todo en la formación, cuando vemos perfiles que pueden ser formados para acceder a nuevas ofertas de trabajo y que no ven atractivo formarse. Yo creo que esto es un deber. Cuando estás cobrando una prestación y se te oferta formación 'online', para que puedas hacerla desde tu casa con otras tareas, o incluso se cubren las becas para que puedas desplazarte a tu centro de formación, se antoja muy difícil que una persona que está en situación de desempleo rechace estas ofertas formativas", ha señalado la dirigente.