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Dificultades en la notificación de los propietarios extranjeros
18/02/2026
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El Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (BOP) publicó el pasado 16 de febrero la aprobación inicial del expediente de expropiación forzosa del hotel abandonado por centenares de propietarios españoles y extranjeros hace 50 años en Añaza. La infraestructura fue proyectada en 1973 pero sus dueños se desentendieron solo dos años después al no contar con los permisos urbanísticos definitivos y por falta de financiación. Ya en 1998 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias fijó que invadía la zona de servidumbre marítimo-terrestre y que, por tanto, debía ser derribado.
Durante medio siglo, esta gran mole de cemento que ocupa en torno a 35.000 metros cuadrados ha generado múltiples problemas de seguridad. El pasado 4 de diciembre una niña de 13 años falleció tras caer desde una gran altura en el hotel, un suceso que conmocionó a la población de la capital tinerfeña. "Ya no solo accidentes, han accedido muchas personas al interior para acabar con su propia vida de manera consciente. También las temeridades que hemos visto a lo largo de estos años de personas que entran para sacarse fotos o ver las vistas desde el último piso", reconoce la concejala de Urbanismo Zaida González.
Cero euros a los propietarios
Con la publicación en el BOP se comunica el inicio de la expropiación a los propietarios españoles, que tienen un mes para presentar alegaciones. Es uno de los múltiples pasos que debe dar el consistorio para poder anotar la propiedad en el registro y, después, proceder a la demolición. "La cantidad que le corresponde a los dueños es de cero euros" indica la edil. Esto se debe a que en la zona no se puede construir nada y por tanto, el justiprecio de los terrenos "es muy bajo". A ello hay que sumar el coste del derribo que va a asumir el consistorio con ayuda del Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias.
Más compleja está siendo la tarea de localizar a los propietarios extranjeros, procedentes de territorios como Alemania, Suiza o Liechtenstein. De hecho, el Ayuntamiento ha estado en contacto con el consulado alemán, país del que procede la mayoría de los dueños, para poder publicar en un diario oficial similar al Boletín Oficial del Estado el proceso de expropiación. Sin embargo, "no existe un boletín como el nuestro". La corporación seguirá intentando encontrar a esos titulares. "Hemos contratado a un traductor para que haga las traducciones de esa misma resolución que aparece en el BOP y, en el caso de que se localice alguno, le llegue en su idioma". Paralelamente, han realizado una consulta al Ministerio de Asuntos Exteriores para conocer si existe un procedimiento concreto para notificar. De lo contrario, "procederemos a hacer las notificaciones en los domicilios que nos constan", añade la concejala dando por hecho que "muchos, por no decir todos, van a estar ilocalizables".
Refuerzo de la seguridad en la zona
Urbanismo confía en haber finalizado la expropiación forzosa este año 2026. González insiste en la necesidad cumplir "exquisitamente" el procedimiento para evitar obstáculos en la inscripción de la propiedad en el Registro y poder continuar con el plan de demolición. Ya existe un proyecto de renaturalización de la zona para rescatar el acceso al mar. El mismo contempla áreas verdes, espacios de paseo y una plataforma marítima para crear una zona de baño. Para los trabajos el Gobierno de Canarias ha otorgado al consistorio una subvención directa de 2,5 millones de euros, mientras que el Cabildo ha aprobado 500.000
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00:00:0000:59La detención de un médico por presuntas agresiones sexuales abre el debate sobre la instalación de cámaras en centros sanitarios
La entrada en prisión provisional y la inhabilitación cautelar de un médico de Atención Primaria de Telde (Gran Canaria) por presuntamente haber agredido sexualmente a 11 mujeres deja al descubierto las brechas de seguridad en la sanidad pública. El hombre ya había sido detenido el pasado 3 de febrero tras ser denunciado por tres mujeres que aseguraron sufrir tocamientos. Se dictó una orden de alejamiento y quedó en libertad. Sin embargo, la Policía Nacional logró localizar a otras supuestas víctimas, por lo que volvió a ser arrestado el pasado martes. Según ha adelantado la Agencia EFE, el sanitario ya había sido detenido por hechos similares, incluso condenado, en el pasado. Además, se da la circunstancia de que el mismo mes de febrero de este año fue absuelto en un juicio por otra acusación de agresión sexual. La Consejería de Sanidad ha confirmado a la SER que no tuvo constancia de que existieran antecedentes cuando lo contrató de manera temporal. Además, sostienen que fue suspendido de empleo y sueldo cuando conocieron las denuncias por las que ahora se encuentra en prisión provisional. Al haber finalizado el contrato, ya no está vinculado al Servicio Canario de la Salud. La gerente de Atención Primaria de Gran Canaria, Alicia González, ha detallado la forma de proceder en estos casos. Sí se solicita un certificado para constatar que no existan delitos sexuales ni de trata. En el caso de los profesionales de Atención Primaria, y dado que todos son susceptibles de estar en contacto con menores, se requiere a toda la plantilla. "No pueden entrar en la lista de trabajo si no lo presentan". Sin embargo, la laguna está en cómo y cuándo se actualizan los documentos. "Según la normativa, mientras no haya indicios en contra, sigue vigente. Desde que la Fiscalía o la Policía comunican algo se vuelve a pedir", ha señalado González. ¿Se deben instalar cámaras en espacios sanitarios?El caso de este médico de Telde ha abierto también el debate sobre la conveniencia o no de instalar cámaras en los espacios, sobre los límites entre la seguridad y la intimidad. Es una medida en la que insiste la Asociación El Defensor del Paciente desde hace años asegurando que es la única forma de prevenir. "Hay que poner cámaras para evitarlo. No atentan contra ninguna intimidad porque la primera denuncia que pueda haber va a un juez, no lo va a haber nadie más", según su portavoz Carmen Flores que, de instalarse estos medios tecnológicos, explica que debería informarse a los usuarios. La gerente de Atención Primaria, por su parte, cree que deben ser los servicios jurídicos los que determinen si es una medida viable. En su experiencia, ha relatado que se realizan videograbaciones a nivel de tutorización cuando hay en los centros residentes en formación. "Nunca se puede grabar la exploración del paciente. Tenemos que avisar, poner cartelería fuera". González añade que actualmente solo tienen a disposición un mecanismo para detectar posibles conductas indebidas: las reclamaciones. "Las lee el director del centro de salud en el día y, si ve indicios, nos lo transmite directamente. Leemos reclamación con la asesoría jurídica y abrimos un expediente disciplinario. Distanciamos al sanitario de la asistencia, lo ponemos en su casa para preservar la seguridad de los usuarios". Cuando se observan indicios delictivos, estos son puestos en conocimiento de la Fiscalía.
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