Las críticas de la Plataforma Derecho al Techo a los nuevos criterios para acceder a vivienda pública en Canarias
10/03/2026
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El Gobierno de Canarias ha aprobado definitivamente el nuevo régimen para acceder al parque público de vivienda. El decreto regulador introduce profundos cambios. El primero de ellos pasa por la eliminación del sorteo para que el azar no determine las adjudicaciones. Se crea un nuevo sistema de baremación sustentado en criterios económicos, sociales y familiares. Sin duda, uno de los requisitos más destacados y polémicos es el del arraigo. A partir de ahora, para poder vivir en una casa pública, será necesario acreditar una residencia en las islas de al menos 12 años de forma continuada o de 15 en caso de residencia discontinua. También se exige, con carácter general, haber vivido o trabajado durante un mínimo de cinco años en el municipio donde se ubique la promoción. "Buscamos garantizar el arraigo y que la vivienda pública sea para los que aquí viven, para los canarios y las canarias que viven en el Archipiélago". Así lo explicaba el consejero del área Pablo Rodríguez.
La inclusión del arraigo ha abierto el debate en el Archipiélago: ¿Es un filtro discriminatorio? Es lo que denuncia, por ejemplo, la Plataforma Derecho al Techo. Su portavoz, Javier Marrero, asegura que es jurídicamente "impugnable" porque un decreto "no puede recortar derechos reconocidos en el Estatuto de Autonomía, en la Constitución Española y en la normativa europea". Reclaman que las adjudicaciones se lleven a cabo exclusivamente teniendo en cuenta la vulnerabilidad social y economía. "La vivienda es un derecho, no un privilegio".
Sin embargo, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Gerardo Pérez Sánchez, lo tiene claro: no existe discriminación. El experto explica que lo que establece "literalmente" la norma no es una diferenciación por ciudadanía, región o nacionalidad, sino por tiempo. Y esa es la clave. "Tanto un canario que se haya ido fuera y haya dejado de residir pudiera estar excluido como un murciano que lleve aquí 20 años estaría incluido". Añade que si el texto distinguiera entre canarios y el resto de españoles, o entre nacionalidades dentro de la propia Unión Europea, sí se podría hablar de criterios contrarios a derecho: "Estableciendo un lapso de residencia, yo no veo ningún tipo de inconstitucionalidad".
Más de 30.000 demandantes de vivienda pública
La lista de espera en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida no ha hecho más que crecer en Canarias debido a la crisis y a la escasez de construcción de casas. Hasta mediados del año pasado había inscritas más de 30.000 personas. Los cambios normativos introducidos por el gobierno de Fernando Clavijo incluyen también una simplificación administrativa. Se sustituye la cita previa y la visita presencial por un formulario que puede cumplimentarse de forma telemática para apuntarse en el registro.
Cupos para colectivos prioritarios
El decreto amplía los cupos obligatorios para determinados colectivos. Por ejemplo, se reserva un 10% del total de casas de cada promoción para personas con limitaciones funcionales graves o totales en movilidad o comunicación, un 20% para los jóvenes de hasta 35% y un 10% para los mayores de 65. También se establece un mínimo del 8% para las víctimas de violencia de género y un 1% como máximo para los emigrantes retornados.
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00:00:0000:59La detención de un médico por presuntas agresiones sexuales abre el debate sobre la instalación de cámaras en centros sanitarios
La entrada en prisión provisional y la inhabilitación cautelar de un médico de Atención Primaria de Telde (Gran Canaria) por presuntamente haber agredido sexualmente a 11 mujeres deja al descubierto las brechas de seguridad en la sanidad pública. El hombre ya había sido detenido el pasado 3 de febrero tras ser denunciado por tres mujeres que aseguraron sufrir tocamientos. Se dictó una orden de alejamiento y quedó en libertad. Sin embargo, la Policía Nacional logró localizar a otras supuestas víctimas, por lo que volvió a ser arrestado el pasado martes. Según ha adelantado la Agencia EFE, el sanitario ya había sido detenido por hechos similares, incluso condenado, en el pasado. Además, se da la circunstancia de que el mismo mes de febrero de este año fue absuelto en un juicio por otra acusación de agresión sexual. La Consejería de Sanidad ha confirmado a la SER que no tuvo constancia de que existieran antecedentes cuando lo contrató de manera temporal. Además, sostienen que fue suspendido de empleo y sueldo cuando conocieron las denuncias por las que ahora se encuentra en prisión provisional. Al haber finalizado el contrato, ya no está vinculado al Servicio Canario de la Salud. La gerente de Atención Primaria de Gran Canaria, Alicia González, ha detallado la forma de proceder en estos casos. Sí se solicita un certificado para constatar que no existan delitos sexuales ni de trata. En el caso de los profesionales de Atención Primaria, y dado que todos son susceptibles de estar en contacto con menores, se requiere a toda la plantilla. "No pueden entrar en la lista de trabajo si no lo presentan". Sin embargo, la laguna está en cómo y cuándo se actualizan los documentos. "Según la normativa, mientras no haya indicios en contra, sigue vigente. Desde que la Fiscalía o la Policía comunican algo se vuelve a pedir", ha señalado González. ¿Se deben instalar cámaras en espacios sanitarios?El caso de este médico de Telde ha abierto también el debate sobre la conveniencia o no de instalar cámaras en los espacios, sobre los límites entre la seguridad y la intimidad. Es una medida en la que insiste la Asociación El Defensor del Paciente desde hace años asegurando que es la única forma de prevenir. "Hay que poner cámaras para evitarlo. No atentan contra ninguna intimidad porque la primera denuncia que pueda haber va a un juez, no lo va a haber nadie más", según su portavoz Carmen Flores que, de instalarse estos medios tecnológicos, explica que debería informarse a los usuarios. La gerente de Atención Primaria, por su parte, cree que deben ser los servicios jurídicos los que determinen si es una medida viable. En su experiencia, ha relatado que se realizan videograbaciones a nivel de tutorización cuando hay en los centros residentes en formación. "Nunca se puede grabar la exploración del paciente. Tenemos que avisar, poner cartelería fuera". González añade que actualmente solo tienen a disposición un mecanismo para detectar posibles conductas indebidas: las reclamaciones. "Las lee el director del centro de salud en el día y, si ve indicios, nos lo transmite directamente. Leemos reclamación con la asesoría jurídica y abrimos un expediente disciplinario. Distanciamos al sanitario de la asistencia, lo ponemos en su casa para preservar la seguridad de los usuarios". Cuando se observan indicios delictivos, estos son puestos en conocimiento de la Fiscalía.
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