Ilegales

Hace un par de días experimenté todo un fenómeno paranormal. Mi hija se ponía el abrigo para acudir a la enésima manifestación contra la ley Wert, y de repente me convertí en mi madre. Una palanca íntima, inaudita, me levantó de la silla, me empujó hacia el recibidor y puso en mis labios palabras que no eran mías. Ten cuidado, no provoques a la policía, no te metas en líos y llámame en cuanto que llegues al metro. Y a mí... ¿de qué me suena esto?, me pregunté. Cuando yo tenía la edad de mi hija, España salía de una dictadura cuyas leyes aún estaban en vigor. El saldo de casi cuarenta años de democracia no es tanto la resurrección de viejos miedos, como la consideración que el Estado muestra por los ciudadanos. Si un ministro promueve una reforma que une en su contra a todos los afectados, la respuesta democrática debería consistir en replantear esa ley. El gobierno de España, en cambio, va a promover otra, la de Seguridad Ciudadana, para poder detener a cualquier manifestante al que se le ocurra ponerse una capucha. Las democracias no tratan a los opositores como delincuentes, no buscan anularlos por el miedo, ni privarles de sus derechos fundamentales. Esos son objetivos propios de las dictaduras. ¿En qué país vivimos? La próxima vez que protejan el Congreso, igual se les ocurre llenar las alambradas de cuchillas, como las que para nuestra infinita vergüenza han colocado en la valla de Melilla. Y así, día a día, con independencia del lugar donde hayamos nacido, crece el número de los ilegales que vivimos en España.