El gobierno y la hija del rey

La infanta Cristina deberá finalmente prestar declaración en el caso Noos, si prospera, como parece muy probable, el nuevo auto emitido ayer por el juez Castro. Lo realmente anómalo era que la Infanta aun no hubiera sido llamada a declarar en un caso en el que resulta evidente que, culpable o no de las imputaciones que se le formulan, doña Cristina está obligada a dar muchas explicaciones.

La segunda hija del Rey debería plantearse quizás si está en su mano hacer algún gesto de respeto a la Monarquía, una institución que encarna su padre, y a la que hasta ahora no se puede decir que la haya favorecido especialmente. Fue una equivocación que la Infanta no pidiese ir a declarar voluntariamente desde el primer momento sobre sus actividades en la empresa Aizoon y es una equivocación que la Infanta no se plantee renunciar a su puesto en la sucesión a la Corona. Renunciar a su papel como representante ocasional de su padre, el Rey, no tiene nada que ver con su posible falta de responsabilidad penal en lo ocurrido. Tiene que ver con el hecho de que la institución monárquica se basa casi exclusivamente en su ejemplaridad y fiabilidad y eso es algo que doña Cristina y su marido han perdido ya, sea cual sea el desenlace judicial del caso Noos.

El Rey hace frente a un problema que afecta a una hija suya. Pero el gobierno, no. El gobierno hace frente a un problema que puede afectar a la institución monárquica y a la Jefatura del Estado y tiene el deber constitucional de defenderla. Sería deseable que el gobierno cumpliera con sus obligaciones.