Peor es saltarse una ley

El Gobierno sigue incumpliendo, día tras día, la legislación española y europea al obligar a las personas que saltan la valla de Melilla a regresar a Marruecos, sin haberles identificado y sin darles la menor oportunidad de aclarar si son refugiados políticos o víctimas de conflictos armados. La legislación es clara, pero el gobierno utiliza un argumento falso, al considerar que esas personas en realidad no han entrado en territorio español. Se comprende que las autoridades estén preocupadas por los reiterados saltos de la valla, pero nada puede justificar que un Gobierno incumpla los convenios internacionales. Mucho más grave que unas personas salten una valla, es que un gobierno se salte una ley.

Todos estamos mirando hacia otro lado, pero deberíamos recapacitar porque es una cuestión seria negar un derecho reconocido universalmente a unas personas que se pueden encontrar en grave peligro y que están protegidas desde los Convenios de Ginebra de 1949. Además, en algunos casos esas personas se encontraban heridas y debieron ser atendidas con algo más que el agua que distribuyeron humanitariamente los propios guardias civiles.

Las dificultades que provoca la llegada de varios miles de personas sin documentación, seguramente muchos de ellos inmigrantes, no puede justificar el silencio. Esas expulsiones en caliente deben parar inmediatamente.