Los países decentes

En un país decente, los políticos corruptos dimiten a la primera. En un país decente, los sospechosos de tráfico de influencias no encabezan listas electorales. En un país decente, los banqueros que estafan a sus clientes van a la cárcel. En un país decente, los presidentes de gobierno no regalan la presidencia de un banco a un amigo de toda la vida, sólo porque es un amigo de toda la vida. En un país decente, una magistrada vinculada con anterioridad a un partido político, no forma parte de un tribunal que juzga un caso que afecta a las responsabilidades de ese mismo partido.

¿España es un país decente? Esa es la única pregunta importante. En el circo mediático que ha generado el juez Silva, a mí, personalmente, las formas me traen sin cuidado. Lo que me ha dolido es ver a Miguel Blesa en el papel de víctima, exigiendo reparación por la ruina de su prestigio con el compungido gesto de una doncella deshonrada. Eso, y que el presidente del tribunal multe a una auténtica víctima con 100 euros de multa, es lo que destroza la imagen de la justicia española. Porque en un país decente, la justicia está al servicio de la ciudadanía, respira las inquietudes de la gente corriente, es sensible a su sufrimiento. En España, sin embargo, lo mejor que le puede pasar a un corrupto es caer en manos de la justicia, para que la Fiscalía Anticorrupción le mime y los instructores alarguen su proceso hasta el infinito. Silva ha logrado aplazar su juicio pero, a lo peor, su estrategia acabará favoreciendo los intereses de sus enemigos. Porque, cuánto más espeso sea el humo, más difícil resultará ver el fuego.