Actitud indecente

En ninguna circunstancia hay razones que se puedan alegar para quitar la vida a otra persona. Pero cuando se comete un asesinato, la policía debe lograr que el asesino exponga sus motivos porque es labor de los jueces analizar lo ocurrido de acuerdo con la ley. Y esa información debe ser pública.

El asesinato de la presienta de la Diputación de León ha dado origen a un cierto número de comentarios de mal gusto, muy molestos, distribuidos sobre todo en las redes sociales. Cuando el comentario lo firma un político, lo razonable es pedirle que dimita, como ha hecho la concejal socialista de un pueblo gallego, por su manifiesta irresponsabilidad. Pero de ahí a pedir responsabilidad penal por incitación al odio a los ciudadanos privados que han hecho comentarios irrespetuosos o maleducados en Twitter hay un abismo. La grosería o la estupidez merecen reproche pero no estan castigados en el código penal.

Y se pretende pedir responsabilidades a esos ciudadanos, por zafios, qué no había que pedir a quienes son comentaristas en medios de comunicación privados o públicos y están intentado atribuir el asesinato de la señora Carrasco a un clima político enrarecido o vincularlo con los escraches antidesahucio, por ejemplo. Eso si es perverso. Seguramente tampoco no merece castigo penal, pero si un rechazo moral muy firme, porque es indecente. Porque la mayoría de esos comentaristas saben perfectamente que el asesinato fue cometido por personas próximas a la señora Carrasco, que alegan cuestiones privadas.