Marta Cantero

Se ha abierto un debate interesantísimo en Canarias sobre cuál es la forma idónea de defender nuestros intereses. Se circunscribe al ámbito nacionalista, porque los partidos estatales entienden que las Islas ya se defienden bien dentro de su proyecto común de país. Para el PP y el PSOE, no hay un hecho diferencial que justifique la creación de organizaciones estrictamente canarias. Pero lo cierto es que estas, lejos de decrecer, se consolidan y ya son varias las que se disputan ese espacio electoral. Al invento de Coalición Canaria se le desgajó Nueva Canarias y a esta, Primero Canarias. Y de una pasaron a tres. Les diferencia una cuestión clave: en NC prima la ideología y en las dos restantes, el territorio. A ellos se suma Drago Canarias, que tampoco está por imponer vetos ideológicos. Hacía tiempo que se no movía tanto el tablero político canario, la partida viene muy reñida.

Desde el minuto uno, Ryanair ha aplicado una política tan agresiva que por el aro de sus abusos han entrado los gobiernos y hemos entrado los pasajeros. Acostumbrado, como cualquier niño rico maleducado, a hacer lo que le viene en gana, su dueño encajó con una pataleta la multa del Ministerio de Consumo. De ahí su decisión de abandonar determinados aeropuertos, entre ellos y contra todo pronóstico (de la propia consejera de Turismo en esta antena) uno canario: Los Rodeos. Conviene no entrar en la lógica de su chantaje, la culpa (en este caso) no es de AENA, argumento que parece haberle comprado el Gobierno de Canarias. No hay nada que negociar con quien pretende adaptar la ley a su modelo de negocio, y no a la inversa. Sí cabe hacerlo con otras compañías que sabrán, sin duda, aprovechar el vacío del mercado. Y no con el matón al que hay que pagar por su protección para que no nos rompa los cristales del escaparate.

Hace cinco meses se aprobó en Canarias un nuevo decreto con un objetivo concreto: reducir el tiempo de concesión de las licencias urbanísticas. Se quejaban con razón los afectados que no es de recibo que cualquier proyecto tenga que esperar hasta dos años por una autorización imprescindible para su ejecución. La norma agiliza plazos de informes técnicos, pero está sirviendo de poco porque los ayuntamientos siguen retrasando el permiso alegando falta de capacidad o de personal. Y ello en plena crisis habitacional, en la que los primeros interesados en desbloquear la construcción de viviendas son los municipios. La política existe precisamente para eso y no para justificar ineficiencias o tirar los trastos a la cabeza al que piensa distinto. Tanto discutir en balde sobre autoritarismos de izquierda o de derecha cuando, sea cual sea la ideología del gestor, la auténtica dictadura a la que estamos sometidos es la burocracia.