Marta Cantero

Hace cinco meses se aprobó en Canarias un nuevo decreto con un objetivo concreto: reducir el tiempo de concesión de las licencias urbanísticas. Se quejaban con razón los afectados que no es de recibo que cualquier proyecto tenga que esperar hasta dos años por una autorización imprescindible para su ejecución. La norma agiliza plazos de informes técnicos, pero está sirviendo de poco porque los ayuntamientos siguen retrasando el permiso alegando falta de capacidad o de personal. Y ello en plena crisis habitacional, en la que los primeros interesados en desbloquear la construcción de viviendas son los municipios. La política existe precisamente para eso y no para justificar ineficiencias o tirar los trastos a la cabeza al que piensa distinto. Tanto discutir en balde sobre autoritarismos de izquierda o de derecha cuando, sea cual sea la ideología del gestor, la auténtica dictadura a la que estamos sometidos es la burocracia.