La fiscalía desarma parte del caso Cursach exculpando a siete acusados a dos semanas del juicio

Palma

A dos semanas del comienzo del juicio por el caso Cursach, la fiscalía ha desarmado parte del caso y ha modificado su escrito de acusación. En un documento presentado anteayer ante la sección primera de la Audiencia Provincial los fiscales han retirado la acusación contra ocho de los acusados (uno fallecido), han cambiado el relato de los hechos de su escrito y han renunciado a la comparecencia de 54 testigos.

Los nuevos fiscales encargados del caso, Tomás Herranz designado por Madrid y Juan Carrau, han modificado las acusaciones después de todo lo ocurrido con el anterior fiscal encargado del caso Miguel Ángel Subirán y el instructor Manuel Penalva, que están pendientes de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de las islas. El escrito de acusación para este juicio estaba rubricado por Subirán y fue presentado hace cuatro años.

Ahora los fiscales han decidido enterrar la acusación para 8 de los 23 acusados. Entre ellos la que fuera directora general de Turismo, Pilar Carbonell, a la que se investigaba por acelerar una licencia para el empresario Cursach y a la que apartan al no haberse hallado ninguna resolución administrativa dictada por ella. La acusación también deja fuera del proceso las supuestas fiestas de policías en el reservado de Tito's y exculpa al director general de la discoteca, Jaime Lladó y a su segundo, Arturo Segade. Los fiscales lo argumentan en que se ha comprobado una falta de verosimilitud de los hechos por los que estaban acusados.

El Ministerio Público también ha renunciado a la comparecencia de 54 testigos. Entre ellos varios agentes de policía, algunos testigos protegidos. La causa investiga los presuntos sobornos por parte del magnate del ocio mallorquín a agentes de las Policías Locales de Palma y Calvià para favorecer a los establecimientos de su propiedad frente a los de la competencia. La fiscalía pedía para los 24 acusados penas que suman más de 100 años de prisión. Para el principal encausado, el empresario Bartolomé Cursach, reclama un total de 8 años y medio de cárcel por los delitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación administrativa continuada, coacciones y cohecho activo continuado.