El juicio del 'caso Cursach' arranca este lunes tras nueve años de investigación

Palma

Nueve años y numerosos baches después, el caso Cursach llega a juicio. La Audiencia Provincial de Palma arranca este lunes el macro juicio que sienta en el banquillo al magnate del ocio nocturno Bartolomé Cursach, acusado de tejer una red de connivencia con agentes de la Policía Local de Palma. Junto al empresario se sentarán en el banquillo otras 22 personas, el grueso de ellos agentes de la policía municipal pertenecientes a la Patrulla Verde, el grupo encargado de las inspecciones en los locales nocturnos de las zonas de ocio.

El juicio arranca desinflado después de que la fiscalía modificase la semana pasada su escrito de acusación y redujera las penas que solicita para buena parte de los acusados. Cursach se enfrenta a 18 meses de cárcel por delitos de pertenencia a organización criminal y prevaricación frente a los ocho años y medio que la fiscalía le reclamaba en un principio. Los fiscales retiraron las acusaciones para siete de los 23 procesados. Las acusaciones particulares, sin embargo, mantienen sus peticiones sobre los investigados.

El juicio está calendarizado hasta el mes de abril del año que viene con más de 150 días señalados. Comienzan las sesiones el 13 de junio para proseguir durante todo el mes de julio, con un parón en agosto y septiembre. Las sesiones arrancarán con el planteamiento de las cuestiones previas de las partes, donde jugarán un papel importante las acusaciones que planean sobre los anteriores investigadores de este caso, que fueron apartados por supuestas irregularidades cometidas durante la instrucción. La situación del juez Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, a un paso del banquillo por coacciones a testigos y prevaricación, es la llave que pretenden utilizar algunas defensas para plantear la nulidad de todo el proceso, que consideran está contaminado.

El proceso ha dejado atrás algunos episodios después del nuevo escrito de acusación de la fiscalía. Se centrará, principalmente, en las actuaciones ilegales llevadas a cabo por los agentes de la Patrulla Verde. Se juzgará si los agentes acosaron de forma sistemática a las empresas que rivalizaban con Cursach para quedarse una porción de la tarta del ocio nocturno. Están sobre la mesa redadas masivas en los locales y peticiones de favores sexuales y trabajo por parte de los agentes investigados. Estos extremos, sin embargo, la fiscalía los desliga de órdenes directas de Cursach y sostiene que los agentes actuaron en beneficio propio. Fuera de las acusaciones de la fiscalía quedan también los episodios de fiestas de agentes de policía en los reservados de una discoteca de Cursach, supuestos sobornos por parte del empresario a los agentes y las acusaciones de agilización de licencias por parte de la ex directora general de Turismo del Govern.

El caso Cursach comenzó hace nueve años con la investigación sobre un supuesto amaño en las oposiciones de ascenso dentro del cuerpo de la Policía Local de Palma. Una operación paralela contra la banda motera de Los Ángeles del Infierno destapó una red de connivencia entre empresarios de las zonas de ocio nocturno playero, sus trabajadores y los agentes de la policía que hacían las patrullas para controlar ruidos, aforo y venta de drogas.

Tras comenzar la jueza de instrucción Carmen González a tirar de la madeja, un cambio de destino de la magistrada dejó el asunto en manos del juez Penalva y del entonces fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, que con la ayuda de cuatro policías nacionales del grupo de blanqueo aceleraron las investigaciones. El goteo de testigos y detenidos fue constante durante años. El abanico de investigaciones se iba abriendo cada vez más mientras las comparecencias judiciales se intercalaban con denuncias de los testigos de la Fiscalía. La investigación alcanzó su punto álgido con la detención e ingreso en prisión de Cursach, acusado de más de una decena de delitos en febrero de 2017.

Poco después dos abogados denunciaron episodios de coacciones hacia una testigo por parte del juez Penalva y el fiscal Subirán, que comenzaron a ser investigados. El juez Penalva fue apartado del caso que pasó entonces a ser instruido por un tercer juez, Miquel Florit, que decidió indagar las continuas filtraciones del sumario y provocó la incautación de los teléfonos móviles de dos periodistas y el descubrimiento de un chat de WhatsApp de los antiguos investigadores cuyas conversaciones terminaron siendo de dominio público y les llevaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares