El Consell de Ibiza aprueba la semana que viene el reglamento que elimina las cédulas de habitabilidad de primera ocupación

Ibiza

El Consell de Ibiza aprobará definitivamente el próximo viernes el nuevo reglamento de simplificación administrativa que se plantea como una herramienta para hacer más ágil la relación entre las instituciones y los ciudadanos y evitar duplicidades. Un documento que es fruto del trabajo realizado en los dos últimos años entre el Consell, los ayuntamientos y colegios profesionales. Se han tenido en cuenta algunas alegaciones presentadas por colectivos como el colegio de arquitectos.

Recordemos que una de las medidas que se contemplan es que se exonera de solicitar una licencia urbanística para obras de reforma, rehabilitación y consolidación que no impliquen cambios en los parámetros urbanísticos. Según ha explicado el vicepresidente del Consell, Mariano Juan, "no es admisible" que haya que estar tanto tiempo esperando para ejecutar este tipo de trabajos, que incluyen también las agrupaciones de fincas, los cierres en suelo urbano o las obras de este tipo en inmuebles en suelo rústico protegido.

El presidente Vicent Marí destaca también la eliminación de las cédulas de habitabilidad de primera ocupación, bastará con el certificado de final de obra de los ayuntamientos. Asimismo, incorpora un pacto por la conservación del paisaje con las agroestancias, la posibilidad de que se puedan alquilar a turistas algunas plazas de una vivienda en suelo rústico. En cualquier caso, esta medida no podrá entrar en vigor porque con la nueva ley turística se ha aprobado una moratoria de nuevas plazas en las islas. Lo que se permitirá, una vez que se puedan dar de alta nuevas plazas, es que los dueños de casas en suelo rústico en la isla que cultiven cinco hectáreas de manera continúa o diez de forma discontinua pueda alquilar durante todo el año dos habitaciones de su casa, con un máximo de seis plazas durante todo el año.

También los propietarios de casas de campo podrán explotar turísticamente seis plazas durante un máximo de 60 días, con un máximo de seis plazas turísticas en tres habitaciones, y con la obligatoriedad de justificar anualmente la conservación de los elementos patrimoniales de la finca. El impacto económico de estas medidas podría alcanzar un máximo de 51.600€ anuales por cada explotación y las estancias campesinas 20.000 anuales por cada casa.

Otra medida de calado en el reglamento tiene que ver con los restos arqueológicos. Se reduce de seis a tres meses el tiempo en el que se debe dar respuesta y se simplifica la presentación del proyecto una vez que se han llevado a cabo las catas previas

El presidente del Consell Insular, Vicent Marí, ha recalcado que son la primera institución insular que cuenta con un reglamento de este tipo que reduce la burocracia, pero sin que las administraciones pierdan capacidad de control. Ha puesto en valor el trabajo que se ha realizado con otras administraciones de la isla, colegios profesionales y agentes sociales para consensuar al máximo este documento “que haga más fácil la relación entre la administración y los ciudadanos”.

Aportaciones incorporadas

Se han recogido aportaciones de los 5 ayuntamientos de la isla, de 21 asociaciones que han sido invitadas a participar, de 5 colegios profesionales y de 5 departamentos del propio Consell Insular. Además, se han resuelto varias alegaciones, entre ellas las del Gobierno de las Islas Baleares, las de la Federación Socialista de Ibiza y las de Unides Podem, que apuntaban a la falta de competencias del Consell para poder regular las cuestiones que se plantean en este reglamento.

En contra de este argumento, el Consell Consultiu estableció que el Consell de Ibiza es competente para regular estos asuntos, asegurando que es una "loable apuesta de simplificación de los procedimientos administrativos". En este sentido, el presidente Vicent Marí ha asegurado que este Reglamento "abre la puerta al resto de consejos insulares a reglar en el mismo sentido" y ha instado al Govern balear "a modificar las Leyes para permitir a los Consells Insulars seguir reduciendo trámites".

El vicepresidente, Mariano Juan, ha explicado que el Consell Consultiu pidió analizar el impacto económico de estas medidas, que pueden suponer un ahorro anual para la ciudadanía de 400.000 euros en cuanto a las cédulas de primer empleo y de 105.000 euros las prospecciones arqueológicas. "Este ahorro corresponde a los gastos de gestoría y de estudio arqueológico, pero también son gastos administrativos o intereses bancarios fruto de los retrasos en el inicio de las obras", ha detallado Juan.