El GOB presenta en el Parlament 11.800 firmas que dan apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular 'Avui per demà'
Los partidos del pacte ya han avanzado que van a apoyar su tramitación. Los ecologistas confían en que una vez pasado el trámite y el debate parlamentario puede estar aprobada incluso antes de que acabe el año.
La Iniciativa Legislativa Popular en defensa del territorio para las generaciones futuras promovida por la entidad ecologista Gob ha logrado superar con creces las 7.500 firmas necesarias para ser tomada en consideración y tramitada en el Parlament, al haber recabado 11.700 apoyos en cuatro meses.
Esas 11.700 personas han apoyado a la iniciativa que plantea una proposición de ley de "Bienestar para las generaciones presentes y futuras de las Islas Baleares" para que pueda ser tramitada por el Parlament, cifra que el Gob ha calificado como un éxito, en un comunicado.
El Gob considera que el apoyo a su propuesta revela la inquietud por la situación ambiental que heredarán los jóvenes: "Responde a la gran preocupación social cuando pensamos qué futuro estamos dejando a nuestros hijos".
Entre esa herencia, el Gob cita "el agotamiento de recursos, problemas para tener casa propia, problemas para tener un trabajo digno y no precarizado que les permita vivir sin reventarse, injusticias, pobreza cada vez más generalizada, ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres, muertes de migrantes en el mismo mar que los turistas compran en paquetes de sol y playa, desastre climático, pandemias y violencia", que protagonizan a diario las noticias.
La entidad ecologista considera necesario replantear las bases del modelo que ha conducido a las Islas al límite de su capacidad de carga con artificialización del territorio, usos intensivos del suelo, degradación de los espacios naturales, generación de residuos, consumo de agua y energía y contaminación.
El grupo verde advierte de que, del mismo modo que las decisiones adoptadas en las últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI han condicionado negativamente el desarrollo de las sociedades actuales, las acciones del presente condicionarán el devenir de las generaciones del futuro.
Justifica la ILP por "la obligación moral y política de actuar hoy para asegurar la vida de hijos y nietos bajo el mandato de justicia intergeneracional" y que quienes vivan o quieran vivir en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera en el futuro "disfruten de un entorno ecológico digno y óptimo, base imprescindible para cualquier bienestar económico y social".
El Gob destaca que la norma es pionera y situará Baleares como referente en España, por "la conciencia colectiva de un pueblo que mira los errores de su pasado para prevenir y salvaguardar su futuro".
La propuesta legislativa plantea que todas las normas o instrumentos de planificación que se aprueben "tengan en cuenta cómo afectarán al bienestar de las generaciones de mañana" y así garantizar que en un futuro habrá disponibilidad suficiente y de buena calidad de recursos indispensables como agua, tierras fértiles, biodiversidad, vivienda, trabajo, cultura, educación y formación.
"Pretende asegurar que nuestra economía dé la vuelta hacia la necesidad de reforzar un modelo que ponga la vida en el centro, en lugar de continuar con un monocultivo que nos ahoga y nos convierte en una sociedad vulnerable y sin opciones", afirma el Gob, que pide escuchar a los jóvenes porque "son los que tendrán que hacer frente a un futuro cada vez con menos garantías".
La normativa quiere poner fin a "inversiones e infraestructuras obsoletas y no adaptadas a los retos sociales y ecológicos globales del contexto insular", así como diversificar, relocalizar producción y redefinir los sectores estratégicos para garantizar la viabilidad de las islas.
Que la transición socioecológica sea una prioridad de las nuevas políticas y que se haga de forma planificada es otra de las pretensiones de la ley que aspira que no se puedan privatizar bienes esenciales ni recursos naturales.
El texto también incluye que todas las políticas respondan a la necesidad de realizar una transición de modelo justa y adaptada al territorio, en un contexto de crisis climática.
El Gob puso en marcha el 23 de febrero la campaña para reunir las firmas necesarias para que la ILP se tramitara y promover el debate en torno a su propuesta. Ahora celebra que podrá ser tomada en consideración por el pleno del Parlament en los próximos meses.