Sant Josep ordena demoler las obras ilegales de la mansión de Cala Comte e impondrá multas coercitivas

Ibiza

Más expedientes de derribo de edificaciones ilegales en Ibiza. En el municipio de Sant Josep este próximo martes está previsto el derribo de las edificaciones ilegales del polémico complejo turístico casa Lola, después de años de litigios judiciales, pero no será el único. También tendrá que demolerse parte de una mansión en la zona costera de Cala Comte.

El Ayuntamiento ha impuesto una multa de 1,1 millones de euros a la propiedad en una resolución que ya es firme. Además, resuelve ya de manera firma que no se puede legalizar todo lo que se ha edificado, por lo que insta a la propiedad a demoler las edificaciones ilegales.

Se impondrán multas coercitivas cada mes durante un año. Si transcurrido este plazo, sigue sin restablecerse la legalidad, será el Consistorio el que ejecute los trabajos de demolición de forma subsidiaria. La casa tiene autorizada una superficie de poco más de 100 metros cuadrados en una sola planta y lo construido en diferentes ampliaciones en los últimos años supera los 1.000 metros de superficie total en varios niveles. La última licencia de obra menor concedida por el Ayuntamiento se otorgó en 2013 y un año después se incoó el expediente de protección de legalidad urbanística.

El alcalde de Sant Josep, Ángel Guerrero, dice que se está ya en disposición de poder notificar las multas coercitivas que se corresponden con un 10% del presupuesto de las edificaciones ilegales. Guerrero confía en que no se repita la historia y que en el plazo de un año se haya restablecido la legalidad urbanística. En la misma situación que esta mansión en cala Comte está otra vivienda ilegal en las proximidades de casa Lola y también aquí con un expediente firme de demolición empezarán a imponerse multas coercitivas a la propiedad hasta que se lleve a cabo el derribo de las edificaciones ilegales

En el caso de la mansión de cala Comte se desestima también el recurso de reposición presentado por la propiedad en marzo pasado contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de resolución del expediente. Entre otros argumentos, sostenía que se había cometido una infracción del principio de legalidad por haber aplicado normas posteriores a la fecha de ejecución de las obras. También alegaba la caducidad del expediente o la nulidad del procedimiento al haber sido instruido por dos concejales distintos.