El grueso de las altas de infracción por alquiler turístico ilegal son de pisos en Palma
Los vecinos de Son Espanyolet, en Palma, afirman que este año la situación ha mejorado en cuanto a los niveles de ruido y molestias con respecto a los años anteriores a la pandemia

Piso en Granada reconvertido en alojamiento turístico. Para evitar acudir a entregar las llaves, la entrada se activa con un código que el inquilino recibe en su móvil / Rafael Troyano

Palma
Piso en vivienda plurifamiliar en Palma. Ese es el grueso de las altas de infracción que los 15 inspectores del Consell de Mallorca han abierto por alquiler vacacional ilegal. En los seis primeros meses de este año se han abierto 132 expedientes después de practica alrededor de 1.500 inspecciones, en las que también se ha revisado que restaurantes y hoteles cumplieran la legalidad. El departamento se Turismo espera cerrar el año con un récord de más de 3.000 inspecciones.
El director insular de Transición y Ordenación Turística, Joan Gaspar, afirma que es más fácil detectar el alquiler irregular en pisos porque en Palma está prohibido en todos los casos. El Consell cuenta con un buzón en el que se pueden denunciar estos arrendamientos ilegales. Actualmente, el departamento tiene 15 inspectores que se dedican a perseguir las estancias turísticas ilegales y los incumplimientos del decreto contra los excesos en zonas de ocio nocturno.
Los vecinos de Son Espanyolet afirman que este año la situación ha mejorado en cuanto a los niveles de ruido y molestias. El cénit de las viviendas turísticas en el barrio se dio en los veranos de 2018 y 2019, cuando el propietario noruego que contaba con 12 inmuebles en el barrio los alquilaba a pleno rendimiento.
Algunas de las licencias le fueron retiradas y este año los vecinos dicen que han podido descansar. A pesar de ello, la vicepresidenta de la plataforma de vecinos de Son Espanyolet, Antonia Vidal, cree que las denuncias de los residentes han surtido efecto. Los vecinos denuncian que una vez presentada la denuncia no pueden seguirle el rastro, por la Ley de Protección de Datos, y se tienen que limitar a informarse a través de sentencias judiciales, en caso de que las haya posteriormente.




