Los sindicatos denuncian las "pésimas condiciones" de los vehículos de la Policía Nacional en Baleares

Palma

El sindicato Jupol ha denunciado ante la Dirección General de la Policía y la Jefatura Superior de Policía Nacional de Baleares las "pésimas condiciones" de los vehículos del cuerpo policial.

En una nota de prensa, Jupol ha avanzado que ha pedido a la Jefatura que solucione "los graves déficits de vehículos policiales rotulados que se vive en Baleares, especialmente en las islas de Mallorca e Ibiza".

"Los actuales vehículos policiales cuentan con miles de kilómetros y con problemas técnicos y mecánicos que obligan a tener los vehículos durante mucho tiempo en el taller sin poder utilizarlos en las patrullas policiales", ha subrayado el sindicato.

En este sentido, Jupol ha señalado que la falta de vehículos "está teniendo consecuencias en las unidades de seguridad ciudadana, porque en muchas ocasiones no pueden realizar los servicios oportunos".

En paralelo, el sindicato ha asegurado que, actualmente, hay muchos vehículos policiales en talleres por diferentes averías sufridas en actos de servicio o por el paso del tiempo. "Son averías que, en algunos casos, se prolongan durante meses, mermando el parque móvil de las diferentes comisarías, sin que desde la Dirección General de la Policía se sustituyan", ha lamentado.

Además, Jupol ha remarcado que esta situación "supone un riesgo añadido a la integridad física de los agentes", a la vez que ha criticado que "aún no se haya solucionado", a pesar de haberlo comunicado en varias ocasiones.

Por todo lo anterior, el secretario regional de Jupol en Baleares, Chechu Enrique, ha solicitado a la Jefatura Superior de Policía de Baleares y a la Dirección General que ponga en marcha de "manera urgente" las medidas necesarias para "subsanar esta situación" y dotar a las unidades de seguridad ciudadana de los vehículos necesarios para poder atender de "manera efectiva".

"La falta de inversión por parte de la Dirección General de la Policía y del Gobierno de España supone una falta de respeto a todos los ciudadanos que pagan sus impuestos para contar con unos servicios públicos de calidad y con los medios necesarios para garantizar en condiciones óptimas la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley", ha finalizado el sindicato.