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57 obras públicas desiertas por el sobrecoste de materiales, combustible y energía

La Asociación de Constructores atribuyen esta situación "insólita" a la falta de actualización de precios

Imagen de archivo de las obras / Cadena SER

Palma

57 obras públicas han quedado desiertas en Baleares durante este año por un valor de casi 59 millones de euros. El motivo, los constructores no pueden asumir el sobrecoste del aumento de materiales, combustibles y energía... es la denuncia de la patronal que atribuyen esta paralización, insólita aseguran, a la falta de actualización de precios y que recuerdan, llevan advirtiendo meses que podría suceder.

La asociación de Constructores alerta de que los costes en las obras en general se han encarecido más de un 30% mientras, para las licitaciones de obra siguen sin actualizar los precios, tal y como exige la Ley de Contratos del Sector Público. Esto ha puesto en peligro la viabilidad de las empresas que se han visto obligadas a parar las obras.

Y es que se encuentran, con que la revisión de precios estatal está dirigido a grandes obras y dejaría fuera al 80% de las obras públicas de Baleares.

Además, pese a que el Govern anunció una actualización para adecuar la revisión de precios a las infraestructuras de las islas, esta actualización aún no se ha publicado en el BOIB y muchos ayuntamientos no responden. De hecho, estas 57 licitaciones desiertas, 29 corresponden a consistorios.

Sandra Verger, directora general de la asociación de constructores. augura un inevitable incremento de litigios, licitaciones desiertas y de obras paralizadas, así como retrasos en la ejecución de contratos. Advierte Verger "una bajada de actividad afectará al número de trabajadores y un retraso en el Plan de Recuperación".

Entre las decenas de proyectos que han quedado desiertos aparecen obras como colegios, viviendas de protección oficial, mejora de carreteras, así como instalaciones culturales y deportivas, y muchas están financiadas con fondos europeos. Los constructores exigen al Govern que cumpla los acuerdos de la Mesa de Diálogo Social y con los constructores de Baleares y publique, sin más dilación, los parámetros y la metodología para poder presentar las reclamaciones.

 
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