El Gobierno indemniza a los hijos de la víctima de un crimen machista y culpa a la Guardia Civil de no protegerla

Palma

El Gobierno responsabiliza a la Guardia Civil de no proteger a la víctima de un crimen machista e indemniza a sus dos hijos. El Ministerio del Interior censura que la adopción de medidas de protección muy probablemente habría evitado la muerte de Lucía Patrascu, asesinada por su marido en Pollença en mayo de 2016. Esta resolución está basada en un dictamen del Consejo de Estado que concluye que se produjo un funcionamiento anormal de los servicios públicos en el tratamiento y asistencia dispensado a la víctima. "De haberse adoptado las medidas cabría haber evitado el suceso" dice la resolución.

Los dos hijos de la víctima reclamaron, a través de su abogado Antoni Monserrat, una indemnización al Gobierno por los daños y perjuicios soportados como consecuencia del asesinato de su madre a manos del que entonces era su marido, condenado a 22 años de cárcel por el crimen. Pocas horas antes de ser asesinada, Patrascu acudió al puesto de la Guardia Civil de Pollença por el temor que tenía a su marido. En ningún momento fue recogida por escrito la denuncia formulada verbalmente a cinco agentes. De hecho, tras hacerla esperar casi cinco horas en las dependencias policiales, fue invitada a marcharse sin que nadie activara en ningún momento el protocolo VIOGEN. Al regreso a su casa fue asesinada por su marido.

La familia considera que la actuación de la Guardia Civil en el caso de su madre resultó anómala y creían que, de haber adoptado las medidas que marcan los protocolos, quizás no se habría producido el asesinato. Una tesis que avala mediante una resolución el Ministerio del Interior que concede una indemnización de 40.000 euros a cada uno de los hijos de la víctima.

El informe del Consejo de Estado, recogido en la resolución del Ministerio del Interior, destaca que no se recogieron las manifestaciones de la mujer en forma de denuncia cuando acudió al cuartel. Patrascu tuvo contacto con cinco agentes que estaban en el cuartel y también transmitió sus temores sobre su marido a los agentes de la patrulla de seguridad ciudadana que estaban fuera de las dependencias policiales. Sin embargo, la víctima abandonó las dependencias policiales sin formular denuncia, puesto que el atestado no recogía su testimonio. Se alude al testimonio de un testigo indirecto conocido, el de una vecina que en su momento declaró haber visto a la víctima al volver del cuartel y le trasladó que había ido temprano a denunciar a su marido pero no le había sido posible porque le habían dicho que si no tenía golpes ni la había pegado no podían hacer nada.

De las imágenes de vigilancia de aquella mañana se desprende que la atención a la víctima se produjo en la sala de espera, estando ella de pie, sin que en ningún momento se le hiciera pasar a una dependencia para que de manera tranquila y sosegada pudiera explicar los motivos de su comparecencia a esas horas intempestivas y la razón por la que temía de que su marido le pudiera llegar a causar algún mal.

A juicio del Consejo de Estado el modo de proceder no se corresponde con un estándar adecuado de funcionamiento de los servicios policiales. La víctima no fue atendida de forma debida, ni se le permitió dar cuenta de su relato en los términos y el lugar adecuado, ni fue atendida por un especialista en violencia de género, tal como recomiendan los propios protocolos. De hecho, los procedimientos en vigor aconsejan en estos casos un trato personalizado y la toma de declaración de la víctima en el momento del conocimiento de los hechos.

La resolución de Interior sostiene que no se adoptaron las medidas de auxilio y de protección que debieron de haberse adoptado y que en este caso concreto, pudieron muy probablemente haber evitado el fatal desenlace que tristemente se produjo. El análisis de la actuacion de la Guardia Civil estima que se incumplieron los deberes positivos de actuación para prevenir, detectar aminorar o detener los riesgos de violencia de género.