Cursach reclama más de 30 años de cárcel para el juez y el fiscal que le sentaron en el banquillo

Palma

Apenas 24 horas después de que la Audiencia Provincial confirmara su absolución, el empresario Bartolomé Cursach y el exdirector general de sus empresas Bartolomé Sbert reclaman más de 30 años de cárcel para el juez y el fiscal que investigaron el caso Cursach. Consideran que los seis acusados se dedicaron a difundir investigaciones y actuaciones policiales declaradas secretas mientras impedían a los abogados acceder a la causa e imponían a los testigos el contenido de sus declaraciones a sabiendas de que eran falsos.

Los anteriores investigadores, el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, junto con cuatro agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional de Baleares, serán juzgados en los próximos meses en el Tribunal Superior de Justicia de las islas por las presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción del caso Cursach. Los empresarios, que ejercen la acusación particular conjunta junto con el director de la discoteca Tito's y otro ex trabajador del grupo de empresas, registraron este jueves su escrito en el Tribunal.

Los empresarios acusan a la antigua cúpula de la investigación de presuntos delitos de revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, obstrucción a la justicia, y prevaricación. Reclaman 32 años y medio de cárcel para el juez, 37 años y medio para el fiscal y entre 30 y 34 años y medio de prisión para los cuatro agentes del grupo de blanqueo.

En el escrito, acusan a los investigados de decidir consciente y voluntariamente vulnerar los derechos fundamentales de las personas investigadas en el caso Cursach, cuatro piezas separadas y los casos ORA e IME. El documento sostiene que intentaron crear un contexto mediático que vulneraba el derecho a la presunción de inocencia. "Crearon un clima social que condujo a que nadie pudiera llegar a cuestionar las decisiones tomadas por los policías investigadores" afirman, acusando a los seis investigados de plantear como reales "imputaciones esperpénticas" al amparo de declaraciones falsas.

Los empresarios también acusan a los investigadores de arrestar injustificadamente al hermano del exconcejal del PP, Álvaro Gijón, y a sus padres con la finalidad de presionar al político. Lo califican de propuesta coordinada de "dar golpes de efecto" con detenciones de familiares de los investigados para evitar interferencias en las actuaciones policiales y generar un clima de terror entre ellos.