El Consell de Ibiza ordena el derribo de una vivienda ilegal en Sant Antoni
Si no se derriba, los propietarios podrían enfrentarse a una multa de más de 900.000 euros
Zona donde está ubicada la vivienda ilegal
Ibiza
Y una nueva orden de derribo que ha salido del Consell de Ibiza. En este caso se trata de la demolición de un chalé ilegal de Sant Antoni, situado en primera línea de costa, que recientemente ha sido objeto de una reforma integral y ampliación sin disponer de licencia municipal de obras. Si no se derriba, los propietarios podrían enfrentarse a una multa de más de 900.000 euros.
Estas actuaciones se han ejecutado en una parcela ubicada en Punta Galera, entre Cala Llosar y Cala Salada, en Suelo Rústico Protegido, Área de Protección Territorial de Costa. Entre las actuaciones que son objeto de derribo se encuentran: la vivienda de dos plantas, varias terrazas, 7 salas técnicas, una piscina, muros y cerramientos y un camino privado de acceso a la costa que transcurre por zona de servidumbre de protección hasta dominio público.
La institución insular, dicen que estas obras son contrarias a la ordenación territorial y urbanística y, por tanto, no se podrían legalizar, lo que supone que la propiedad deberá derribar estas construcciones en un plazo de 12 meses. En caso de incumplimiento de la orden, la propiedad se enfrentará a la imposición de hasta 12 multas coercitivas por importe de 75.346,86.-€ cada una de ellas -correspondiente al 10% del valor de las obras ejecutadas-. Si aun así la propiedad no procediera al derribo, el Consell Insular podrá ejecutar la demolición repercutiendo los gastos al infractor.
Respecto a estas actuaciones, se informa que actualmente existe un procedimiento penal que está siendo instruido por los Juzgados de Ibiza por la posible comisión de un delito contra la ordenación del Territorio, lo que puede comportar penas de hasta cuatro años de cárcel.
Otras actuaciones
A lo largo de esta legislatura, explican, desde el departamento de Gestión del Territorio, ha conseguido que se derriben cinco construcciones ilegales (una vivienda en Cala d'Hort, una en Corona, dos construcciones tipo yurta en ANEI y una instalación en costas) y ha remitido a Fiscalía seis denuncias por delitos contra la ordenación del territorio en suelo protegido.