La fiscalía reclama más de 239 años de cárcel para el juez y el fiscal que investigaron el caso Cursach
En total, la acusación pública reclama más de medio siglo de prisión para los seis acusados de cometer presuntas irregularidades durante la instrucción de la causa
El juez Manuel Penalva, a su llegada a la audiencia de Palma en febrero de 2020. / Isaac Buj - Europa Press - Archivo (EUROPA PRESS)
Palma
La fiscalía reclama 239 años de cárcel para el juez y el fiscal que investigaron el caso Cursach. En total, la acusación pública reclama más de medio siglo de prisión para los seis acusados de cometer presuntas irregularidades durante la instrucción de la causa judicial, en la que todos los acusados resultaron absueltos. La fiscalía ha registrado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en el que reclama 118 años de cárcel para el juez Manuel Penalva y casi 121 años de prisión para el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán. En total reclama alrededor de 600 años de cárcel para los seis acusados.
El documento de 32 páginas está suscrito por los fiscales Tomás Herranz y Fernando Bermejo, designados por la Fiscalía General del Estado para llevar el proceso judicial contra los antiguos investigadores. Los fiscales piden más de 223 años de cárcel para Penalva y Subirán y penas de entre 80 y 110 años de cárcel para los cuatro agentes de la Policía Nacional que también se sentarán en el banquillo. Están acusados de presuntos delitos de revelación de secretos, hasta 15 delitos de detención ilegal, obstrucción a la justicia y prevaricación judicial. El escrito también contempla multas de alrededor de 100.000 euros para los seis acusados y el pago de indemnizaciones solidarias por más de 90.000 euros por daños morales.
Los fiscales describen en un escrito de 32 páginas las presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción del caso. Acusan a los implicados de facilitar a varios medios de comunicación información sobre las diligencias que se estaban practicando en el juzgado, que ellos mismos intercambiaban en un chat de Whatsapp creado a instancias del entonces juez instructor. En el documento, los fiscales desgranan hasta 27 presuntas filtraciones de información que después se convirtieron en noticia en los medios.
El escrito les acusa de abrir una investigación basándose en declaraciones especulativas e inconcretas y de impulsar informes siendo conscientes de las carencias de sus conocimientos sobre contratación administrativa. Relatan también una serie de presiones a detenidos: prácticas como leer las declaraciones de otros acusados que pasaron de ser imputados a testigos, amenazas de dormir en los calabozos, insultos a otros implicados o amenazas de ir a la cárcel en función del contenido de la declaración.
Los fiscales acusan a los investigadores de detener a la familia del entonces concejal del PP en Palma, Álvaro Gijón, con el objetivo de ejercer presión sobre el político. "Se habían fijado como meta demostrar su implicación en los hechos objeto del procedimiento penal" señala el escrito.