El Supremo plantea la inconstitucionalidad de obligar a contratar VTC con media hora de antelación
El presidente de la patronal del taxi de Mallorca critica que las empresas VTC se escuden en la libertad de empresa que el taxi no tiene al ser considerado un servicio público
La empresa Uber afirma que la sentencia europea no modifica su servicio en España. / Simon Dawson (Reuters)
Palma
El Tribunal Supremo ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma del Govern balear que obliga a reservar los vehículos de transporte con conductor con un mínimo de 30 minutos de antelación. Esto prohíbe a las empresas VTC ir, por ejemplo, al aeropuerto y recoger clientes sin una reserva previa. Una medida que fue incluida en un decreto ley aprobado por el Parlament y que pretendía buscar el equilibrio ente estas empresas y los servicios de taxi.
La norma fue respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de las islas y recurrida en el Supremo por dos empresas nacionales de servicios VTC. Ambas mercantiles alegaron que la medida vulnera la normativa europea, no es proporcionada y no se basa en ninguna razón imperiosa de interés general. La Abogacía de la Comunidad Autónoma y dos federaciones de taxistas alegaron que la medida cumple con los principios de proporcionalidad y no es contraria a la libertad de empresa.
El pasado mes de febrero el Supremo consideró contrario al derecho constitucional y a la libertad de empresa un artículo similar contenido en un decreto aprobado por el Gobierno vasco. Sin embargo, como en el caso de Baleares la medida está incluida en una norma con rango legal, la sala no puede anularla mediante una sentencia como hizo en el caso del Gobierno vasco. Por eso, el tribunal ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad de la norma balear. Según datos del registro del Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana, a principios de este mes había en las islas 2.502 licencias de taxi y 600 de VTC.
El presidente de la patronal del taxi de Mallorca, Biel Moragues, critica que las empresas VTC se escuden en la libertad de empresa, que el taxi no tiene al ser considerado un servicio público. Advierte de que las licencias están en manos de grandes multinacionales. El portavoz del Govern, Iago Negueruela, cree que la concesión permite compensar los sectores y ofrecer un buen servicio.
