Citan como investigados a Rafa Ramírez y a Alejandra Ferrer por la adjudicación de amarres en s'Estany des Peix

Isla Ibiza

La portavoz de Gent per Formentera en el Consell Insular, Alejandra Ferrer y el conseller del PSOE, Rafa Ramírez, han sido citados a declarar en calidad de investigados ante la titular del juzgado de instrucción número uno de Ibiza por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa.

Tendrán que comparecer el próximo 3 de agosto junto con los exconsellers, Bartomeu Escandell y Paula Ferrer. Los cuatro fueron denunciados ante la Guardia Civil por la asociación de empresarios usuarios de s,Estany des Peix por la adjudicación de los amarres en esta zona dentro del proceso de regulación de fondeos. El caso ha llegado a los tribunales en fase de diligencias previas.

Desde la asociación argumentan que se habían adjudicado los amarres prescindiendo de la prueba de antigüedad y en muchos casos "los beneficiarios empezaron a fondear después del año 2002". Consideran que la lista de asignación de amarres fue "arbitraria y en contra de una norma de rango superior como el Plan de Ordenación de Recursos Naturales". El presidente de la asociación, Alex Kiribati, afirma que es “de sentido común” que se hayan producido estas citaciones. Kiribati también confía en que el nuevo gobierno del Consell de Formentera "eche para atrás todo el proceso de regulación de fondeos en s’Estany des Peix “porque han excluido a más de 300 personas".

Defienden la legalidad del proceso

Para la consellera de Gent Per Formentera, Alejandra Ferrer “no es la primera vez que nos citan los tribunales a políticos de GxF por proteger el territorio”. Ferrer defiende la legalidad de todo el proceso en s'Estany y recalca que todas las decisiones que adoptaron los políticos se tomaron con informes técnicos y jurídicos favorables.

En la misma se pronuncia Ramírez que recuerda que el pasado mes de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares avaló el reglamento del Estany des Peix y rechazó la suspensión cautelar que pedía la asociación de empresarios, señalando que el interés general y público reside en los defendidos por la Administración, "puesto que están prohibidas las actividades de alquiler de embarcaciones que la asociación recurrente pretendía seguir realizando".