El Consell de Ibiza obliga a derribar un complejo residencial inacabado en suelo protegido
Está situado en Cala Molí y se desarrolló al amparo de una licencia municipal que fue anulada por el TSJIB
Imagen de archivo de la zona de Cala Tarida / TURISMOIBIZA
Ibiza
El gobierno del Consell de Ibiza ha acordado el derribo de un complejo residencial inacabado en el Carrer Puig del Mar, en Cala Molí, en un suelo rústico protegido del municipio de Sant Josep.
Según el acuerdo del Consell Executiu publicado por la agencia EFE, se trata de un complejo formado por bloques aislados con una superficie de 899,34 m2 de estructura de viviendas y otros 291,08m2 de estructura de trasteros, cuartos de instalaciones y aparcamientos, que suman 68 entidades registrales. La construcción se desarrolló al amparo de una licencia municipal de obras que fue anulada por una sentencia del Tribunal de Justicia de Baleares (TSJB) por ser contraria a la ordenación territorial y urbanística al ubicarse la edificación en una parcela calificada como Suelo Rústico Protegido Área Natural de Especial Interés.
La resolución de la Conselleria de Territorio en la que se basa el acuerdo, señala que las obras son “manifiestamente ilegalizables” e inicia un procedimiento para restablecer la “legalidad urbanística vulnerada” contra dos entidades mercantiles promotoras como presuntas responsables de las infracciones.
Asimismo, una tercera entidad mercantil que ha comprado el inmueble no está imputada en la infracción, pero al ser su actual propietaria tendrá la obligación de demoler la estructura y restituir el terreno a su estado anterior. Esto ocurre porque “las obligaciones de reponer y legalizar se transmiten a terceras personas adquirientes”, detalla la resolución. Esta empresa, cuyas alegaciones fueron desestimadas, tiene un plazo de 12 meses para ejecutar la orden de demolición y un mes para presentar el proyecto de derribo.
El incumplimiento de esta orden supondrá la imposición de 12 multas coercitivas de 24.869 euros por mes, correspondiente al 10 % del valor de las obras, y la ejecución subsidiaria del derribo por parte del Consell de Ibiza. El acuerdo también insta a la anotación preventiva de esta resolución sobre las 68 entidades registrales que integran este inmueble para que la infracción conste en el Registro de la Propiedad. Las dos empresas promotoras deberán abonar los 5.196 euros de la inscripción.
