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Las acusaciones particulares afirman que el caso ORA sólo tenía como objetivo procesar a la cúpula del PP palmesano

El abogado Oriol Rusca, que representa al exconcejal del PP en Palma, Álvaro Gijón, ha insistido en que el político vio truncada su carrera profesional y personal por este caso

PALMA DE MALLORCA, 05/06/2023.- El exfiscal Miguel Ángel Subirán (c) y el exjuez Manuel Penalva (d), acompañados por su abogado, Javier Barinaga (i), a su llegada a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) para asistir a la primera sesión de su juicio por el caso Cursach, este lunes en Palma de Mallorca. EFE/ Cati Cladera / CATI CLADERA (EFE)

PALMA DE MALLORCA, 05/06/2023.- El exfiscal Miguel Ángel Subirán (c) y el exjuez Manuel Penalva (d), acompañados por su abogado, Javier Barinaga (i), a su llegada a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) para asistir a la primera sesión de su juicio por el caso Cursach, este lunes en Palma de Mallorca. EFE/ Cati Cladera

Palma

Las acusaciones que representan a empresarios y funcionarios detenidos en el caso ORA creen que la investigación tenía el objetivo predeterminado de procesar a la cúpula del PP de Palma. Y en concreto, de arruinar la carrera del entonces concejal Álvaro Gijón. Continúa en los juzgados de Sa Gerreria el juicio contra los antiguos investigadores del caso Cursach, para quienes la fiscalía reclama más de 500 años de cárcel.

Hoy es el turno de informes de las acusaciones particulares, que representan a personas que fueron detenidas e investigadas en el caso Cursach y en la pieza separada que indagó en el presunto amaño del concurso de la ORA. El abogado Oriol Rusca, que representa a Gijón, ha insistido en que el político vio truncada su carrera profesional y personal por este caso. Rusca ha comparado la investigación por el caso ORA con la Inquisición

Para el abogado Ángel Aragón, que defiende a un funcionario del Ayuntamiento de Palma detenido durante la investigación, los acusados tenían un objetivo preordenado que era el de procesar a la cúpula del PP de Palma. Para Aragón, la detención de una docena de funcionarios iba encaminada a conseguir declaraciones incriminatorias de unos contra otros.

El abogado Salvador Perera, que representa al empresario adjudicatario en el concurso, considera que los investigadores se consideraban "intocables" y practicaron una "cacería política".

 

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