Vox quiere sancionar con hasta 100.000 euros a quien incumpla su ley de libertad lingüística

Palma

Nueva patata caliente para el Partido Popular de Marga Prohens que va a tener que decidir si se alinea con la ultraderecha o defiende leyes que incluso validaron bajo su gobierno como es la de Normalización Lingüística aprobada por unanimidad en 1986.

En el texto presentado por la ultraderecha se habla de interpretación torticera de la Constitución para igualar en el Estatut la oficialidad del catalán y castellano.

En su argumentación para justificar la creación de esta oficina, Vox asegura que en Baleares "se dificulta e incluso se impide el uso del español cercenando el deber individualizado de conocimiento que rige respecto de la lengua común y arrinconando la riqueza lingüística de España.

Sobre la inmersión lingüística considera que el objetivo es eliminar "de facto el español y su extirpación como lengua". Añade que en Baleares el "abandono y destierro del castellano ha llegado a tal punto" que es imposible o hay "amplias limitaciones para emplear el castellano".

UIB, Govern y ayuntamientos obligados a usar el castellano

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En el redactado de esta proposición de ley se especifica que el objeto de la misma es "fomentar la protección y el uso de las lenguas oficiales en las Islas Baleares atendiendo a las modalidades lingüísticas de las distintas islas: el mallorquín, el menorquín, el ibicenco y el formenterense".

Su ámbito de actuación será el Govern y toda la administración pública, el sector público instrumental e incluso la UIB.

En su artículo número 3 añade que "las administraciones tienen el deber de emplear las dos lenguas oficiales en todas las comunicaciones, publicaciones y señalética". Esta propuesta de ley recoge también un régimen sancionador en función de si la infracción es muy grave, grave o leve. En el primer caso al multa irá de los 10.001 euros a los 100.000; de 1.001 euros a 10.000 en el caso de graves y si la infracción se considera leve, la multa podra ser de 1 euro a 1.000 o una amonestación.

Una vez publicada en el BOIB, recoge el texto, deberá entrar en funcionamiento en un plazo máximo de dos meses.