Incertidumbre en las infraviviendas de Joan Miró: "Si nos echan no tenemos donde ir, no hay pisos para alquilar "
Los vecinos del inmueble donde un policía local alquila decenas de trasteros sin luz ni ventilación natural como habitaciones para vivir muestran su inquietud sobre su situación tras la multa de dos millones de euros impuesta contra el propietario
Palma
La incertidumbre reinaba esta mañana en uno de los edificios de la Avenida Joan Miró de Palma donde el policía arrendaba las infraviviendas. Un edificio de seis plantas en cuya planta baja y sótano el policía alquilaba habitáculos. Se trata de una serie de trasteros de unos diez metros cuadrados, la mayoría sin luz natural, sin ventilación y con sistemas eléctricos de baja calidad. Pasillos oscuros, con el cableado a la vista en los que reina el calor y la humedad por la falta de ventilación.
El policía los alquilaba por precios que iban desde los 300 euros a los 500, a los que después sumaba una cantidad de hasta 200 euros por el supuesto consumo de luz, que controla mediante un medidor de consumo eléctrico individual instalado en cada habitáculo. Si los inquilinos se pasaban de la cantidad de kilovatios que arbitrariamente estableció como máximo para cada recinto, les cobraba la diferencia sin aportar ningún tipo de factura.
Pilar es una de las inquilinas. Su trastero, con la puerta metálica, mide unos 15 metros cuadrados a los que ha sacado el máximo partido. Tiene todas sus pertenencias empaquetadas por si se tiene que marchar. Tiene un pequeño baño con ducha, una nevera y una placa eléctrica para hacerse la comida. Su trastero no tiene ningún tipo de luz natural o ventilación. Cuenta que los vecinos están preocupados por la situación y temen ser desahuciados y acabar en la calle. "Estábamos pagando hasta noviembre, desde entonces que nos enteramos de que era un estafador, los vecinos nos han dicho que no paguemos y no pagamos. Pero estamos preocupados por si se lleva a cabo un desahucio, no nos dicen nada, ha venido la policía varias veces a pedir documentación" cuenta.
Pilar paga 410 euros por la habitación. Lo cobra en mano y no les entrega recibo de ningún tipo. "Levo tres años y pago 410 por la habitación y lo que consumimos de luz. Hay meses que pagamos 60 o 70, el mes de enero 90 euros. Cada electrodoméstico que ve en la vivienda te sube el precio de la luz. No te da recibo ninguno para que no haya pruebas de que están pagando esa cantidad de dinero" señala.
Conoció los habitáculos porque una sobrina suya vivía en el barrio y tenía noticia de ellos. A través de un vecino contactó con el policía. Cuenta que está harta de vivir allí. "Es normal que me quiera ir, estoy harta de cucarachas, estoy harta de todo, dice que si hay una avería dentro de la habitación te tienes que hacer cargo de todo, hemos estado dos meses sin luz en la escalera" señala. Pilar se muestra intranquila ante el futuro, ya que si les echan "no tenemos donde ir, no hay pisos para alquilar, tendremos que ir a dormir a la calle".
Adentrándose en el pasillo, cerca de la salida, vive R. Es cubana y lleva unos años viviendo en un trastero más pequeño que el de Pilar, de apenas nueve o diez metros. El policía intentó echarle del trastero, pero no lo consiguió. Dejó de pagar cuando hace un par de meses trascendió la noticia de su detención. "Él recogía el dinero o quedaba con los inquilinos para que le pagáramos. Cuando me dijeron que era un policía estafador, dije, ya no pago más" cuenta.
Teme que les desahucien, porque paga 350 euros y cree que no encontrará otro lugar donde vivir. Denuncia que el policía les cargaba cantidades abusivas por el consumo eléctrico que los vecinos creen que tiene pinchado. "No hemos recibido ninguna orden de desahucio, pero si nos llega, a dónde nos vamos" lamenta. Junto a ella vive una mujer de 37 años, colombiana. En su habitáculo reside con su marido y sus dos hijas menores de edad. Su trastero es algo más grande, de unos 20 metros cuadrados, pero no tiene ventana alguna. Ni luz ni ventilación de aire para cuatro personas. Llevan dos meses en el sótano y el policía trató de echarles cuando llevaban cuatro días, pero no lo consiguió. "Vino con la policía, pero no nos pudieron echar. Desde entonces no le hemos vuelto a ver" señala.
El policía tiene un mes de plazo para recurrir la sanción administrativa y dos meses para poner un contencioso en los juzgados. En la resolución se le requiere el cese de la conducta que ha sido objeto de sanción, por lo que los inquilinos temen que el policía quiera echarlos del edificio y se vean en la calle de un día a otro.
