Los Clubes Náuticos de Baleares exigen "cambios legales urgentes" para garantizar su continuidad
Piden a Puertos del Estado que se reconozca la función social y deportiva de estas entidades y se evite " la gentrificación definitiva" de estas instalaciones
Ibiza
La Asociación de Clubes Náuticos de Baleares insta a Puertos del Estado a introducir cambios legales urgentes que reconozcan la función social y deportiva de estas entidades y eviten "la gentrificación definitiva e irreparable de sus instalaciones". Exigen al Ministerio de Transportes, del que depende este organismo que no se quede de brazos cruzados. Recalcan que sus normas y los pliegos de los concursos que convoca están propiciando que entidades mercantiles sin ninguna experiencia deportiva ni social puedan optar en condiciones ventajosas a la explotación de los históricos clubes náuticos.
Tras la movilización del pasado sábado en defensa de la continuidad del Club Nautico de Ibiza, desde esta asociación hablan de una situación "desesperada" y reclaman que se cumpla el llamado pacto de Palma.
En representación de 24 entidades deportivas y de 12.000 familias asociadas expresa en un comunicado su profunda preocupación por la situación de precariedad en la que se encuentran en estos momentos instituciones de la náutica deportiva tan relevantes como el Club Náutico de Ibiza, el Club Marítimo de Mahón o el Real Club Náutico de Palma, y teme que la ausencia de una acción política y legislativa para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía -a fin de garantizar la existencia de los clubes náuticos dentro del sistema portuario estatal- desemboque en la pérdida inminente del patrimonio deportivo, social y cultural que estos representan.
PACTO DE LA PALMA
Destacan que Puertos del Estado se comprometió en la última edición del Congreso Nacional de Clubes Náuticos a tomar cartas en el asunto. Lo hizo tras asumir que los clubes desempeñan una función insustituible y que, por tanto, cabe articular medidas que garanticen su continuidad dentro del marco de la legislación española. Aquella promesa, que dio lugar al llamado ‘Pacto de La Palma’, debería mantener su plena vigencia a día de hoy -dado que nada ha cambiado desde entonces-, pero, por desgracia, no se ha visto traducida en hechos. "El tiempo corre y los clubes no pueden esperar".
La ACNB no duda de la palabra ni de las buenas intenciones de los dirigentes de Puertos del Estado; sin embargo, ve necesario hacer un llamamiento público para que las modificaciones legales acordadas se lleven a cabo sin más demora o, de lo contrario, no quedarán clubes náuticos que proteger.
Ello significaría desoír el mandato claro de los ciudadanos de Mallorca, Menorca e Ibiza que han expresado su deseo de conservar estas entidades a través de manifestaciones multitudinarias. Cabe recordar, en este sentido, el acto celebrado hace unos días en el Club Náutico de Ibiza o el que en su día organizó el Real Club Náutico de Palma frente a la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares.
Apoyo Parlament
Tampoco debe olvidarse, señalan que el Parlament Balear aprobó el pasado 12 de diciembre, mediante una proposición no de ley (PNL), instar a Puertos del Estado a que iniciara el procedimiento de modificación legislativa para la protección de los clubes. Aseguran que El Gobierno central no puede hacer oídos sordos a esta prescripción emanada de la cámara legislativa que representa la voluntad de los ciudadanos, teniendo en cuenta, además, que Baleares debería tener transferidas las competencias de la náutica de recreo de acuerdo con su Estatuto de Autonomía.
"Puertos del Estado no puede, en definitiva, ignorar por más tiempo una singularidad a la que la legislación nacional, hecha a medida de empresas comerciales sin ningún interés por la conservación de la náutica social, es incapaz de dar respuesta con su articulado actual", afirman en el comunicado.
Concluyen que las federaciones cuya actividad se desarrolla en las instalaciones de los clubes han sido muy claras en sus reiteradas advertencias: "sin los náuticos es imposible la pervivencia del deporte. El mero riesgo de que esto ocurra -la vela y el piragüismo son las dos disciplinas que más medallas olímpicas han proporcionado al deporte español- debería haber motivado hace años una movilización de los servicios jurídicos del Ministerio de Transportes para adaptar la ley a la realidad social y no a la medida de cualquier empresa con intenciones especulativas".