Fiscalía acusa al asesor de Ábalos de maniobrar para que la reclamación del Govern no prosperara
En su querella, el ministerio público, habla de "indicios que apuntan a la influencia que Koldo" para que la reclamación quedara en nada
MADRID, 22/02/2024.- Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, a la salida de la Audiencia Nacional este jueves. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la puesta en libertad y la retirada del pasaporte para Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos; el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y otro de los detenidos por presunta corrupción en la compra de mascarillas en pandemia. EFE/Sergio Pérez / SERGIO PEREZ (EFE)
Palma
La Fiscalía acusa a Koldo García, exasesor del exministro Ábalos, de maniobrar para que la reclamación de los dos millones 600-mil euros no prosperara. Es una reclamación que formalmente presentó el Govern actual en agosto una vez que el ejecutivo del Pacte dejó la documentación preparada el 6 de julio. Aquí los tiempos sí que son importantes porque según las sospechas de la Fiscalía, los movimientos de Koldo se produjeron ya con el actual Govern en el Consolat.
En su querella presentada en septiembre del año pasado el Ministerio Fiscal, recoge que "se han observado indicios que apuntan a la influencia que Koldo ha ejercido en beneficio de la empresa Soluciones de Gestión" para que la reclamación del Govern "no prosperara y de este modo favorecer a la mercantil y a su titular".
El Ministerio Público recoge en esa querella que la reclamación de 2'6 millones de euros del ejecutivo autonómico "ha propiciado distintos encuentros entre Koldo y Cueto". Cueto, al que se refiere la Fiscalía, es Juan Carlos Cueto, otro de los detenidos y que la Fiscalía sitúa como uno de los cabecillas.
Los fiscales anticorrupción relatan también en su escrito donde hacen referencia a pinchazos telefónicos que "se han producido una serie de comunicaciones" entre tres de los detenidos. De ellas se deduce que si la administración balear en el plazo de tres meses, con la fecha límite del 18 de enero de este año 2024, no se ha pronunciado expresamente, se produciría la caducidad del procedimiento administrativo y de la reclamación de casi tres millones de euros.
