El Consell de Mallorca abre 239 expedientes por alquiler turístico ilegal con sanciones que suman 17 millones de euros
Desde que se inició el plan, en los últimos seis meses se han recaudado algo más de 2 millones de euros
artJazz
Palma
En los últimos seis meses, el Consell de Mallorca ha abierto un total de 239 expedientes en la Isla por alquiler ilegal de viviendas turísticas. Más de la mitad de estas sanciones se encuentran en Palma y Calvià. El conjunto total de las multas roza los 17 millones de euros.
El objetivo del conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, es aumentar al máximo la productividad de los veinte inspectores que cuenta la institución insular.
Por municipios, donde más actas se han levantado han sido en Palma, 90 actas; 18 en Llucmajor; y 16 en Calvià. Además, también se acumulan expedientes en Alcúdia, Andratx, Muro, Pollença y Sóller. Entre las principales irregularidades: alquileres vacacionales de viviendas unifamiliares sin licencia o directamente alquileres turísticos en pisos.
De cara a este 2024, destaca que continuará la mima dinámica. Desde que se inició el plan del Consell de Mallorca, en los últimos seis meses se han recaudado algo más de 2 millones de euros. Es más del doble que el mismo periodo de 2022.
Entre las dificultades que se ha encontrado el Consell de Mallorca: la picaresca de muchos infractores, falta de datos del domicilio, calles o números incorrectos, excusas a la hora de realizar la inspección.
En ese sentido, Rodríguez destaca que se ha reducido el plazo a la hora de presentar una denuncia. Antes se tardaba hasta dos meses, y ahora una semana.
Además, otro problema al que se enfrentan es que muchas notificaciones no llegan, 3 de cada 5 cartas enviadas acaban devueltas al no tener la dirección correcta.
Y es que se calcula, según distintos datos que maneja el Consell de Mallorca, que podría haber entre 10 mil y 15 mil inmuebles ilegales en Mallorca, aunque son cifras difíciles de comprobar. Por eso, se están tratando de cruzar datos con la ayuda de una empresa externa, inAtlas, que ya trabaja en otras ciudades como Barcelona para la lucha del alquiler ilegal.
Hay que recordar que la sanción mínima por esta actividad ilegal es de 40.000 euros, pero si se paga en el periodo voluntario se reduce un 40 por ciento.
