Una decena de colegios concertados se sumará al plan de segregación lingüística

Palma

Una decena de colegios concertados de las Islas quieren poner en marcha el próximo curso el plan de segregación lingüística impulsado por el Govern. En el caso de los públicos, según una encuesta del sindicato STEI, ninguno se quiere sumar salvo 11 centros que todavía están pendientes de pronunciarse. Este martes ha finalizado el plazo para que los centros se pronuncien. Desde el Govern harán públicos los datos la semana que viene.

Desde la conselleria de Educación explican que ahora tienen que recoger todas las solicitudes y ver qué centros de los que han mostrado interés cumplen con las condiciones para poder poner en marcha el plan. En el sindicato USO, mayoritario en la concertada, hablan de una decena de centros aunque es una cifra provisional y que no conocerán a ciencia cierta hasta que la conselleria haga públicos los datos.

Desde el STEI aseguran que ningún centro público les ha trasladado que vayan a sumarse. En una encuesta realizada por el sindicato hay 210 colegios que les han dicho que no y 11 pendientes de respuesta ya que todavía no han pasado por el claustro.

Encuesta STEI

El 93% de los centros públicos de infantil y primaria de las Islas ya han dicho que no aplicarán el plan de segregación lingüística propuesta por el Govern. De los 221 centros encuestados por el STEI, 207 ya han dicho que no se van a sumar a este plan y 14 están pendientes del claustro para tomar una decisión. Ninguno ha dicho que lo pondrá en marcha.

Para el STEI, estos datos demuestran que el plan impulsado por el Govern de Marga Prohens para satisfacer a sus socios de ultraderecha no es necesario e insiste en que es un despropósito pedagógico que la comunidad educativa no ha pedido en ningún momento. El portavoz del STEI, Lluís Segura, habla de una "cesión del PP a Vox para arrinconar el catalán en la enseñanza sin que sea una necesidad de los centros".

Para Segura, la encuesta que han realizado entre los centros educativos "pone de manifiesto que la comunidad educativa se alinea con la sociedad civil que en la Diada per la Llengua convocada por la OCB ya se manifestó en contra". Además va en la línea del Consell Escolar que también ha rechazado este plan de segregación instando a su retirada.

La OCB lleva el plan a los tribunales

La OCB lleva a los tribunales el plan de segregación lingüística y pide que se suspenda de forma cautelar. La entidad ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra esta iniciativa del Govern de Marga Prohens. El objetivo es que el plan de segregación lingüística no se pueda aplicar el próximo curso escolar en la etapa de primaria.

La Obra Cultural Balear considera que este plan "va contra la legalidad vigente y puede causar graves perjuicios en la comunidad educativa y en el sistema educativo balear". El contencioso administrativo es contra la resolución del conseller donde se aprueba el plan de segregación y piden la suspensión al considerarlo nocivo, ilegal y no equitativo. Lo que buscan es que no entre en vigor hasta que se resuelva el pleito, petición a la cual el Tribunal Superior tendrá que responder en los próximos días o semanas.

Toni Llabrés, presidente de la OCB, asegura que "hay que evitar que se ponga en marcha porque podría provocar perjuicios irreversibles en el sistema educativo". Recuerda que el PP de Marga Prohens no lo llevaba en su programa electoral.

"La aplicación de este plan supondría, por primera vez en la historia, la separación de los alumnos por razón de lengua sin ningún criterio pedagógico que lo justifique", argumentan desde la OCB. Una segregación que "está claramente prohibida por la Ley de normalización lingüística y la Ley de educación autonómica".

Para la OCB, si se pone en marcha esta propuesta de Vox se pone en riesgo la convivencia y la cohesión social de la comunidad educativa. Insisten desde la OCB que el plan de segregación vulnera también el Decreto de Mínimos con relación a las materias que se tienen que impartir en lengua catalana, y que el hecho de aplicarlo supondría una interferencia en la autonomía pedagógica y organizativa de los centros.