El Govern aprueba un decreto para simplificar trámites, legalizar construcciones y crear aparcamientos en suelo rústico

Palma

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el decreto ley de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas, con el objetivo de reducir el exceso de burocracia y agilizar los trámites para los ciudadanos de las Islas. Este documento modifica medio centenar de leyes y decretos, con más de 170 cambios en sus articulados. Entre las medidas: se elimina la Comisión Balear de Medio Ambiente, empresas privadas podrán tramitar licencias urbanísticas, se permitirán legalizar construcciones en suelo rústico, se podrán construir aparcamientos en suelo rústico o habilitar talleres para que puedan pasar la ITV.

La Comisión Balear de Medio Ambiente será sustituida por un departamento técnico dentro de la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental. Lo que permitirá, según el Govern, una evaluación técnica más rápida de los informes de impacto ambiental, eliminando las interferencias políticas.

En cuanto a la vivienda, se facilitará la agilización de las licencias urbanísticas municipales con la posibilidad de externalizarlas a entidades colaboradoras urbanísticas privadas, conocidas como ECU. Una práctica ya implementada en otras comunidades autónomas como Madrid y Cataluña. El portavoz del Govern es Toni Costa.

En materia de servicios sociales, se creará un historial social único para agilizar el acceso a las distintas ayudas mediante el cruce de datos e informaciones. Las personas con un diagnóstico de enfermedad mental no necesitarán un certificado de discapacidad para acceder a las ayudas sociales.

Se simplifican también los trámites para energías renovables y se quintuplica hasta los 500 kilovatios de potencia las instalaciones de placas solares exentas de autorización administrativa previa.

Además, se permitirá legalizar aquellas construcciones para uso residencial realizadas en suelo rústico que hayan prescrito la sanción o el restablecimiento de la edificación.

Se permitirá su legalización en un plazo máximo de tres años, siempre que no se destinen a la comercialización de estancias turísticas. Los propietarios deberán pagar un 10 por ciento del valor del inmueble, así como todos los trámites y licencias como una construcción legal.

Este pago del 10 por ciento se puede reducir a la mitad para aquellas personas que hayan ingresado menos de 33.000 euros al año o una bonificación del 25 por ciento para rentas inferiores a los 52.800 euros.

Se abre la posibilidad de poder implantar medidas como la creación de complementos retributivos para plazas de difícil cobertura en educación y servicios sociales.

Un complemento que se tendrá que negociar más adelante y la idea es ponerlo en marcha en la mayor brevedad posible, ya de cara al próximo curso escolar.

También se prevé un plan de digitalización para automatizar la gestión y tramitación de prestaciones y subvenciones mediante robots, liberando a los trabajadores públicos de tareas repetitivas.

Por otro lado, destaca que se permitirá a los consells insulares externalizar las ITV, las inspecciones técnicas de vehículos para agilizar estas revisiones y evitar las recurrentes listas de espera y los problemas para conseguir cita.

A través de este mismo decreto los ayuntamientos de las Islas tendrán la posibilidad de construir en suelo rústico, pero también en otro tipo de suelo, público o privado, aparcamientos de vehículos para facilitar la movilidad en las épocas de mayor afluencia de visitantes, siempre con carácter provisional y una duración máxima de ocho meses cada año.