El GOB pedirá suspender el decreto que considera "la devastación definitiva" del rústico en la isla

Palma

El grupo ecologista GOB ha advertido este miércoles de que la regularización de construcciones en suelo rústico aprobada por el Govern del PP supone una desregulación que aboca a Baleares "al abismo" y supondrá "la devastación definitiva", y ha anunciado que estudia cómo pedir su suspensión cautelar.

Tras analizar el decreto de simplificación publicado en el BOIB, el GOB lo describe en un comunicado como un texto sin precedentes en la desregulación normativa, que "va más allá de la cuestión de la legalización de edificaciones en suelo rústico y aparcamientos municipales ilegales".

El GOB rechaza tanto el alcance de las consecuencias del decreto, como la afectación a principios de igualdad, seguridad y protección ambiental, y que se imponga con la forma de decreto ley, por lo que está analizando "todas las vías para exigir la suspensión cautelar de los efectos de esta norma e impugnarla ante el Tribunal Constitucional".

Según el GOB, la urgencia de adoptar estas decisiones por medio de un decreto no está justificada en absoluto "más allá de evitar del debate social y político de un cambio sin precedentes en la regulación del marco normativo".

El decreto modifica unas 50 normas, algo que tildan de antidemocrático, por medio de "operaciones con bisturí de consecuencias graves en cuanto a las garantías de protección de los recursos naturales y del suelo".

Afecta a toda la normativa territorial y ambiental y en concreto a la Ley Agraria, la Ley de Conservación de Espacios de Relevancia Ambiental (LECO), la de Reserva de la Biosfera de Menorca, la ley de suelo rústico, la ley turística, la ley de Puertos de Baleares, la de Cambio Climático, la Ley de Caza y Pesca y la de Proyectos Industriales Estratégicos, así como a las competencias de los consells en urbanismo y habitabilidad, la ley del Suelo Rústico, la de Minas, la Ley de Vivienda, la de Urbanismo y la de Carreteras.

"Genera una total indefensión relativa a los principios de protección que implicaba a este cuerpo normativo, dejando sin coherencia efectiva toda la ordenación territorial, urbanística y sectorial y sin evaluar las consecuencias e impactos brutales que esta desregulación tendrá sobre los recursos y la realidad territorial", advierte el GOB.

Según la entidad verde, el decreto abre la veda a la inversión y devastación del territorio y de los recursos sin impedimentos y sin precedentes, algo "especialmente grave en un contexto de crisis ecosocial".

El GOB insiste en que "un despropósito desregulador con semejante alcance" no puede realizarse en un decreto-ley que entra en vigor con solo aprobarse en el Consell de Govern, y será una de las principales alegaciones en contra en las acciones legales por parte del GOB.

El grupo ecologista advierte de que supondrá "la devastación definitiva" del suelo rústico, porque abre más posibilidades además de la anunciada legalización de edificaciones, sin evaluar las repercusiones ambientales de incorporar estas ilegalidades y sus usos posteriores.

Entre esas otras vías, el GOB denuncia que el decreto permite viviendas en Áreas de Prevención de Riesgos (APR), y alerta del peligro que implica. El GOB recuerda como ejemplo la tragedia de la inundación de Sant Llorenç.

Además aumenta la edificabilidad del suelo rústico de forma que se puedan construir y consolidar edificaciones de grandes dimensiones.

El decreto elimina definitivamente la Comisión de Medio Ambiente de Baleares y modifica la Ley de Bienestar de las Generaciones Presentes y Futuras, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular legitimada por más de 12.000 firmas en las Islas, hasta dejarla prácticamente sin efecto