PP y Vox validan el decreto de simplificación administrativa que se tramitará como proyecto de ley
Prohens dice que la ciudadanía avaló el domingo en las elecciones europeas sus políticas y la oposición le acusa de poner alfombra roja a la depredación del territorio
Imagen de la presidenta Prohens en el pleno del Parlament
Palma
El pleno del Parlament ha convalidado este martes, con los votos de PP y Vox, el decreto de simplificación administrativa, que aspira a reducir la burocracia, agilizar la Administración y facilitar las inversiones, y que se tramitará como proyecto de ley.
"Después de ocho años de burocracia, ocho años de crear una telaraña legislativa insoportable para los ciudadanos, las empresas y la propia administración, y ocho años de inundar la vida de la ciudadanía de trámites y procedimientos, empieza la etapa de la simplificación administrativa", ha reivindicado el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.
El decreto, aprobado el pasado 24 de mayo en Consell de Govern, modifica medio centenar de leyes y 170 articulados, elimina trámites que creaban duplicidades e impulsa medidas que afectan a todas las consellerias y a todas las administraciones públicas.
La norma implica, entre otras cuestiones, la eliminación de la Comisión de Medio Ambiente y, en materia de recursos hídricos, la reducción de los supuestos que requieren de forma obligatoria un informe de la Dirección General correspondiente.
Se contempla también que las edificaciones, construcciones, instalaciones y usos fuera de ordenación se puedan legalizar con carácter extraordinario en el plazo máximo de tres años y con el pago sanción, pero sin que se puedan destinar a comercializar plazas turísticas.
El decreto contempla también la posibilidad que de manera extraordinaria y temporal, los ayuntamientos pueden ubicar en suelo rústico aparcamientos para luchar contra la congestión. Se permite igualmente a los consells insulares externalizar las inspecciones técnicas de vehículos y crea un historial social único.
En los ámbitos de vivienda y urbanismo, una de las principales medidas es que se facilita una agilización de las licencias urbanísticas municipales y se da la opción de externalizarlas a entidades colaboradoras urbanísticas (ECU). Además, se elimina la exigencia de la cédula de habitabilidad de primera ocupación, que emiten los consells insulares, y se deja como base la licencia municipal de primera ocupación.
Tanto el conseller Antoni Costa como el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha defendido que el resultado de las elecciones europeas del pasado domingo son un aval al decreto de simplificación igual que al resto de medidas impulsadas durante el último año. "Los ciudadanos han censurado la política del fango y al destrucción", ha añadido.
"Comienza la etapa de la simplificación"
El conseller ha recordado que mejorar la relación entre la administración y la ciudadanía es "una obsesión" del Govern y ha añadido que, como se prometió en campaña electoral, el que se valida este martes es un primer paso porque cada año se aprobará una ley de simplificación.
Costa ha subrayado en todo caso que el decreto de simplificación "no es un sí a todo" sino "un sí o un no en un tiempo razonable".
"El modelo de este Govern no es una Administración con más de 6.000 trámites en ejecución. Tampoco es el de tener 13.000 expedientes de subvenciones en Energía, 4.000 expedientes de Recursos Hídricos y 2.000 expedientes de Costas sin tramitar. Y tampoco es el de tener expedientes pendientes de recibir una respuesta desde hace cuatro. El modelo de este Gobierno es el contrario", ha insistido.
"Con el apoyo de PP y Vox"
El texto ha sido convalidado con los únicos favorables de PP y Vox. La diputada de este último grupo Patricia de las Heras ha justificado su apoyo asegurando que da respuesta a una "deficiente atención que paga las consecuencias de ocho años de gobierno socialcomunista".
Para De las Heras, con esta norma se cierra a que sean los políticos los que decidan sobre determinados expedientes y se convierte la administración en un instrumento sencillo de fácil accesibilidad y al servicio de la ciudadanía.
El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, se ha detenido en la regularización de inmuebles en rústico y ha argumentado que se trata de un problema de 30.000 casas construidas en los años 60 y 70, dentro de los parámetros de la época, y que han quedado fuera de ordenación por normas sucesivas.
Para el 'popular', "el bulo más gordo" que ha tratado de extender el PSIB es que con el decreto aumentará la presión turística, ya que, ha insistido, no se permitirá que las casas regularizadas se destinen a usos turísticos. Además, ha añadido, "el récord de construcción en rústico se ha alcanzado bajo gobiernos de izquierdas, que son ecologistas cuando están en la oposición".
"Recurso al Tribunal Constitucional"
En el turno de intervenciones en contra, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha calificado el texto como la mayor depredación administrativa sobre el territorio y ha adelantado que se está estudiando la manera de recurrirlo ante el Tribunal Constitucional (TC).
El socialista ha calificado el texto como un fraude de ley ya que no cuenta con informes, datos o consultas para introducir cambios en un medio centenar de leyes. "Se lo han saltado todo", ha insistido. El portavoz del PSIB ha acusado al Ejecutivo de "dar la gasolina" a quienes quieren "quemar" la Comisión Balear de Medio Ambiente.
También sobre la regularización de viviendas en rústico, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha añadido que "no va de legalizar viviendas humildes sino de legalizar chaletazos".
El ecosoberanista ha lamentado que se identifique la tramitación de licencias como una molestia, cuando son una garantía de que las construcciones cumplen con la legalidad y son seguras. "Ustedes no han venido a agilizar la administración. Si hubiera sido así, nos hubieran encontrado. Han venido a recortar la administración", ha afirmado.
Para el portavoz de Més pe Menorca, Josep Castells, el Govern, con la excusa de la agilización administrativa, que hubiera cosechado más consenso, ha impulsado un decreto "para liquidar todas sus obsesiones como la Comisión balear de Medio Ambiente". El menorquinista ha acusado al Ejecutivo de "centrifugar" la responsabilidad de los procesos en la ciudadanía y en otras administraciones.
La diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha criticado que el decreto ómnibus --'para todos', en latín-- sea para beneficiar a unos pocos de Campos. La diputada morada ha recordado que la tramitación se hace en medio de la mesa del pacto por la sostenibilidad y ha comprado al Govern con el conocido como el 'estafador del amor'. "Extienden amor y pactos y por detrás nos la están clavando", ha concluido.
Regulación de coches en Mallorca
El pleno del Parlament ha rechazado, con 33 votos en contra y 24 a favor, tomar en consideración una Proposición de Ley de MÉS per Mallorca para regular y limitar la entrada de vehículos a Mallorca. La iniciativa, defendida por el diputado ecosoberanista Ferran Rosa, propone que el Consell de Mallorca adopte la limitación de vehículos de motor en la isla, que limite la circulación en vías públicas a ciertos vehículos teniendo en cuenta criterios medioambientales y que se potencie la movilidad sostenible, entre otras cuestiones.
Rosa ha defendido que la proposición de ley busca completar las competencias del Consell de Mallorca y dar la potestad de limitar la entrada de vehículos y regular el techo de coches de alquiler. "No es obligatorio, va de tener herramientas", ha señalado.
En otro orden de cosas, el pleno del Parlament ha rechazado la proposición de ley de MÉS per Mallorca para recuperar los dos periodos tradicionales de rebajas y que la regulación dependa de las Comunidades Autónomas. La iniciativa contemplaba recuperar el redactado original de la ley 7/1996 de ordenación del comercio minorista, en concreto en lo contenido en el artículo 25, que fue modificado en 2012 por el Gobierno del PP, presidido entonces por Mariano Rajoy, para introducir la liberalización de los periodos de rebajas.
La votación ha sido pública y por llamamiento y ha arrojado un resultado de 23 votos a favor y 34 en contra, entre ellos el del conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y otros miembros del Govern.
