El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Santa Eulària ha pagado más de 800.000 euros a una empresa del teniente de alcalde
El gobierno local responde que la oposición pudo vetar el alquiler del local
El concejal socialista Alan Ripoll ha denunciado las presuntas irregularidades / PSOE
El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Santa Eulària ha destinado más de 800.000 euros a una empresa del teniente de alcalde del Partido Popular Miguel Tur a través de un contrato de alquiler de un local de su propiedad. Los socialistas exigen que se anule el contrato y que renuncie al acta de concejal por incompatibilidad y de no ser así, no descartan emprender acciones legales.
Hablan de “gravísimas irregularidades” del equipo de Carmen Ferrer, que ha formado un contrato de alquiler por medio millón de euros, a lo que habría que sumar la posterior reforma integral, a la que se han destinado, según los progresistas, 334.000 euros más.
Este miércoles han presentado un escrito en el Consistorio con estas peticiones porque consideran que la empresa Tur Rubio SL, de la que el concejal del PP es propietario de un 17%, tenía “prohibición absoluta de contratar con el Ayuntamiento”.
El portavoz socialista en la Villa del Río, Alan Ripoll, ha explicado que el concurso público para alquilar un local se inició en marzo de 2020 y cuatro meses después, por decreto de alcaldía, se aprobó iniciar el expediente de contratación, que se aprobó en Junta de Gobierno dos días después.
Añade que presentaron una denuncia ante la Oficina Anticorrupción, que resolvió que había un conflicto de intereses y, por tanto, una infracción muy grave de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Dice que la alcaldesa y la Junta de Gobierno estaban al tanto, pero en ningún momento informaron al plenario ni iniciaron los procedimientos administrativos correspondientes.
Dice Ripoll que estas “irregularidades, son una muestra más de la política clientelar del PP y del Ayuntamiento de Santa Eulària para beneficiar a los suyos en detrimento de los intereses de la mayoría”.
El PSOE pudo vetarlo
Desde el equipo de gobierno del Consistorio han lamentado en su respuesta a la denuncia del PSOE que un asunto del año 2020, cerrado por la Oficina Anticorrupción en 2023 quiera ser aprovechado con fines partidistas por el PSOE. Recalcan que tanto esta formación como Unides Podem, podía haber vetado el alquiler de dicho local y no lo hicieron. Tampoco presentaron alegaciones o ejercieron acción alguna en contra de ese contrato y de la posterior reforma necesaria para su uso en condiciones adecuadas.
Recuerdan, además, que Anticorrupción ni denunció el contrato a Fiscalía ni obligó a resolver el contrato y que solo estableció que se debía contar con un Plan de Medidas Antifraude, que ya se tenía, y la obligación de que la alcaldesa no forme parte de la Mesa de Contratación en aquellos acuerdos cuyo órgano de contratación es Alcaldía, algo que ya hace tiempo que se viene cumpliendo.
En su momento, y atendiendo a la posibilidad de que surgiesen suspicacias en referencia al procedimiento, se ofreció a los representantes del PSOE y de Unides Podem el veto al alquiler de dicho local, derecho que no ejercieron ninguno de los dos partidos. Es más, públicamente se manifestó desde UP que habían buscado locales adecuados y que no habían encontrado ninguno.
La transparencia, dicen, ha sido total y absoluta en este procedimiento. Empezando por el hecho de que se hiciera una licitación para una contratación que, según la normativa, se podría haber hecho de forma directa. Se abrió la posibilidad así de que cualquier propietario con un local que pudiera cubrir las necesidades de espacio de Servicios Sociales pudiera presentarse y ganar el concurso. No hubo otras propuestas.
Recuerdan que, una vez que desde Servicios Sociales se analizaron 12 locales de los que se tenía conocimiento que estaban en alquiler, se estimó que ese era el más adecuado, pero, aun así, se realizó un procedimiento abierto para que cualquiera pudiera presentarse y conseguir así el mejor espacio para los usuarios de este departamento y sus trabajadores. Durante dicho procedimiento, así como el de su adecuación, no se presentaron alegaciones en contra, lo que da idea también de la falta objetiva de irregularidades.
En cuanto a las obras de reforma, estas eran necesarias para cumplir con los requisitos mínimos de unas oficinas que acogen a cerca de una quincena de personas, que deben ofrecer una atención al público variada garantizando cuestiones como la privacidad y la dignidad en todo momento, además de cumplir con las condiciones suficientes para que los trabajadores cumplan sus funciones en las condiciones mínimas exigibles.
Desde el Gobierno se vuelve a defender la honorabilidad de todos sus miembros, desde los directamente afectados en este caso, como la de los técnicos y trabajadores de la casa.
