Multa de 1,4 millones por construir tres casas, dos lavaderos, un anfiteatro y una piscina en zona protegida en Sant Joan
El Consell de Ibiza ordena la demolición de un total de 10 construcciones ilegales en la Venda de s'Àguila
Ibiza
El Consejo Ejecutivo del Consell de Ibiza ha aprobado la orden de demolición y multa por un importe de 1,4 millones de euros a la propietaria y promotora de unas obras ilegales en la Vénda de s'Àguila en el municipio de Sant Joan.
Según informan desde la institución insular se da a la propiedad un plazo de seis meses para iniciar las obras de demolición y de restablecimiento de la legalidad física alterada, y de tres años para ejecutarlas. En caso de que no se cumpla este plazo, el Consell puede ejecutar estos trabajos de manera subsidiaria.
Las edificaciones objeto del orden de demolición son una serie de construcciones (10 en total) que incluyen dos lavaderos, tres casas para invitados, piscina, anfiteatro, terraza pavimentada, pérgola e instalación fotovoltaica. Todas estas obras se realizaron sin licencia como ampliación de una casa original de 1956 en Suelo Rústico Protegido en Área Natural de Especial Interés (SRP-ANEI) y, por tanto, no permitidas.
Desde el Departamento de Gestión del Territorio se recuerda que los delitos contra la ordenación del territorio en suelo protegido, además de las multas y las órdenes de derribo de las ilegalidades, pueden suponer penas de hasta cuatro años de prisión.
En muchos de los expedientes sancionadores, las propuestas de sanciones van dirigidas también a los constructores y colaboradores en los trabajos ejecutados, no solo a los promotores y propietarios, porque tienen el deber de comprobar que el promotor de los trabajos a ejecutar ha pedido la preceptiva licencia.
Este expediente sancionador inició su procedimiento en febrero de 2023.
Desde el Cosnell hacen balance y dicen que a lo largo de los últimos cinco años, el Departamento de Ordenación del Territorio ha conseguido que se derriben seis construcciones ilegales y ha remitido a Fiscalía seis denuncias por delitos contra la ordenación del territorio en suelo protegido.