El Govern da por hecha la salida de Le Senne como presidente del Parlament
Fuentes del Ejecutivo aseguran a la SER que si no recapacita, hay en marcha una remoción del cargo que impulsa la izquierda y que respaldarían. "El escenario era uno; ahora y en el momento de abordarlo, será otro"
Gabriel Le Senne en un pleno del Parlament / Europa Press News
Palma
La salida de Gabriel Le Senne como presidente del Parlament autonómico es un hecho. Fuentes del Govern aseguran a esta casa que va a ser así de un modo u otro; es decir, o recapacita su decisión de no dimitir, o se remiten a la remoción del cargo que ahora mismo impulsa la izquierda. Precisamente, a esta última vía evitó referirse ayer la presidenta Prohens, pero ahora sí que es una opción que contemplan en el Ejecutivo, la de aceptar la propuesta de la izquierda. Sostienen que hasta el anuncio de Santiago Abascal, "el escenario era uno; ahora y en el momento de abordarlo, será otro".
Evitan hablar de enfado en las máximas instancias del Govern, apelan a la tranquilidad de que seguirán negociando medida a medida, como se ha hecho hasta ahora, pero es una realidad el malestar provocado por esta decisión por parte de la ultraderecha a nivel nacional, ya que, recuerdan a nivel autonómico, Vox Baleares aún no ha llamado a Prohens para comunicarle la retirada del apoyo parlamentario. De hecho, Sandra Fernández, secretaria general del PP en las Islas, lo ha calificado de "traición".
Ha recordado que una de las condiciones, precisamente, fue el voto a favor de los populares para que Gabriel Le Senne fuera presidente del Parlament, una de las tantas concesiones que, sin embargo, Prohens ya no entiende y no contempla, aunque Le Senne se atrinchere en no dimitir, como señalaba en Televisión Española.
En cuanto a la izquierda, Francina Armengol, secretaria general del PSIB, conmina a la presidenta Prohens a hacer efectiva ya la destitución de Le Senne y también a romper con los apoyos en el Consell de Mallorca y en los ayuntamientos.
El origen de la retirada del apoyo reside, en el caso de Baleares, en la acogida de 10 menores no acompañados del grueso llegado a Canarias. De hecho, la primera respuesta del PP viene de parte del Consell de Mallorca, que anuncia que el IMAS, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, ha incrementado el número de plazas y traslada a 40 menores no acompañados a la residencia de La Bonanova y a otro centro de Part Forana. 34 de los cuales llegaban en las últimas 48 horas a Baleares.
Cae el acuerdo de investidura
Esta situación, lo confirmaba la propia Prohens, anula automáticamente el acuerdo de investidura que firmó con los ultras y que la hizo presidenta. Además de la condición de que Vox ostentaría la Presidencia de la Cámara, se firmaron hasta 110 puntos a cumplir durante los cuatro años. Son medidas que no recogía el Partido Popular en su programa electoral, pero que terminó comprando a Vox.
Los ya aprobados, ha asegurado la presidenta, no se tocarán, como es el caso del plan de segregación lingüística o la Oficina Anticorrupción, que ya está eliminada, pero sí que habrá que negociar aquellos que están en trámite todavía.
El más sonado es el de la Llei de Memòria Democràtica, cuya derogación está en proceso, pero el PP no estaba en contra de esta ley; de hecho, aportó enmiendas que fueron adoptadas para su aprobación. Sí señala Prohens en este sentido que no están de acuerdo en algunos puntos.
Otra concesión a la ultraderecha fue la vuelta de los menores a las corridas de toros, que también está en trámite después de haberla sacado del Decreto de Emergencia Habitacional, donde Vox obligó a colocarlo al PP.
Los puntos no cumplidos, así seguirán, según anunció Prohens
En cuanto a lo no cumplido hasta la fecha, se sobreentiende que, tras la confirmación de Marga Prohens de no continuar con el pacto, estas medidas irán directamente a la papelera. Hablamos, por ejemplo, de la Oficina de Libertad Lingüística para imponer el castellano, para la que se presupuestaron 750 mil euros pero que aún no se ha puesto en marcha. Fue, incluso, motivo de discusión para el Partido Popular, que no la quería, pero, al final, sí que se aceptó, aunque no dio tiempo a crear esta Oficina.
El cierre de determinados organismos públicos con fines ideológicos, según Vox, presagiaba negros nubarrones sobre, por ejemplo, el IbDona, aunque el PP venía rechazando su cierre durante este año. Se da por hecho que el cielo se despeja sobre el Institut Balear de la Dona.
También recogía el documento modificar la Ley Trans autonómica para, decían, "garantizar que las mujeres estén protegidos en espacios de intimidad, con especial atención a evitar discriminaciones en el deporte".
El pin parental que tan famoso se hizo en Murcia y que no terminó aplicándose también llegó al acuerdo de investidura de la siguiente manera: implementar "mecanismos necesarios para garantizar el conocimiento y la aprobación previa de materias extracurriculares, así como su voluntariedad".
En el caso de la eutanasia, el PP hablaba en su programa de "dotación de recursos necesarios a los equipos de cuidados paliativos, protegiendo así los derechos y dignidad de las personas en el proceso de morir" y "desarrollo de la ley de derechos y garantías de la persona en el proceso de morir". Se da por hecho que no llega a término la alegación de Vox de "defender la cultura de la vida frente a la eutanasia", en el que pedía garantizar, entre otros, el acompañamiento espiritual de los enfermos.
En cuanto a la terminología, se sobreentiende que se dejan de utilizar ejemplos que el PP no llevaba en su programa y que incluyó en el acuerdo a instancias de Vox. Es decir, retomaría así los conceptos de "violencia de género o machista" y no "contra la mujer o intrafamiliar". De igual modo, se presupone que, en materia de Educación, caen los términos "adoctrinamiento, intromisiones ideológicas e imposición lingüística". En la cuestión migratoria, se dejaría de vincular "inmigración" con "inseguridad", tal y como recoge en el punto 105 el acuerdo de investidura.
