El gobierno de Santa Eulària asegura que ningún menor desalojado en Can Rova "quedará desprotegido"

Ibiza

Una representación de las personas que fueron desalojadas la semana pasada del asentamiento ilegal de Can Rova se ha reunido hoy con la alcaldesa de Santa Eularia, Carmen Ferrer, coincidiendo con la concentración convocada para este martes delante de la sede del Ayuntamiento para exigir al Consistorio "una solución definitiva" para las personas que se han quedado en la calle.

La portavoz de los afectados, Ana Loaiza con la que hemos hablado en 'Hoy por Hoy Verano para Ibiza y Formentera', dice que se les ha dado la espalda y exige soluciones reales. Habla de "un drama social" y afirma que se deben facilitar alternativas habitacionales para las más de 100 personas que siguen durmiendo en la calle. LLoaiza dice que se sienten "desamparados, no somos vulnerables, tenemos dinero, si alguien nos facilita una vivienda o un terreno, pagaremos".

Desde la corporación local han reiterado que "no se va a quedar ningún menor desprotegido", según la concejala de Servicios Sociales, Antonia Picó, que También ha solicitado colaboración ciudadana y de las formaciones políticas para que informen en caso de conocer a familias desalojadas con menores que no dispongan de recursos habitacionales.

El Ayuntamiento habilitó la misma jornada del desalojo el polideportivo del colegio de s'Olivera para que pudieran pernoctar hasta 30 personas. Actualmente, tiene 17 plazas ocupadas, ya que algunos de los desalojados que utilizaban este recurso han vuelto a su país de origen. El próximo viernes ya no podrán seguir usando estas instalaciones.

Picó ha explicado que trabajan con las familias afectadas, cada una "con un perfil distinto". "Si hay una vulnerabilidad económica grande en un caso personal puntual, se hará como se hacía con otras personas", ha insistido la concejala, quien ha recordado que las madres y menores acogidos en el centro de Cáritas Nazaret podrán permanecer en este espacio un mes.

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Actuarán contra la propiedad

Tras la reunión con la representación de los desalojados, la alcaldesa, ha remarcado que el Consistorio actuará contra la propiedad de la finca de Can Rova por la actividad irregular que se ha realizado, pero también por el riesgo que suponía para las personas, por el riesgo de incendio y por los riesgos graves contra el medio ambiente que se han producido durante meses en Can Rova. “Estamos ante un conflicto entre particulares, en un desahucio ejecutado por mandato judicial y en un entorno en el que había un riesgo grave e inminente y, además, no se nos dejaba actuar”, ha matizado Ferrer.

Ayudas

En cuanto a las ayudas, Ferrer dice que “los Servicios Sociales estuvieron trabajando durante semanas con las 14 familias que tenían menores a su cargo en el campamento ilegal y lo sigue haciendo ahora con todas las personas que se catalogan como vulnerables. No se trata de un trabajo político, son criterios técnicos. Y son los mismos criterios que se llevan años.

Además, destaca que se ha ayudado a cinco personas con billetes de vuelta a su lugar de origen, tal y como habían solicitado, y se ha pagado la fianza para entrar a vivir en pisos a dos familias. Cabe destacar que ninguna de las personas que han dormido en s’Olivera ha sido catalogada como vulnerable.