El Ayuntamiento de Palma está dispuesto a empezar una batalla legal por el dominio de Mercapalma
Cort prepara sus alegaciones para mantener su propiedad tras la solicitud de prórroga del contrato actual de Mercasa con el Gobierno
Palma
Cort no quiere perder su dominio sobre Mercapalma y prepara alegaciones para mantener su propiedad. Y es que Mercasa, la actual concesionaria pública ha apelado al Consejo de Ministros para que se prorroguen las condiciones actuales.
La concesión de la sociedad de Mercapalma finalizó el pasado 7 de junio, tras 50 años de contrato. Durante este tiempo, el Ayuntamiento de Palma ha sido el accionista mayoritario con un 55%, mientras que Mercasa poseía el 45% restante. Según los estatutos originales, al término de la concesión, todos los activos y pasivos debían revertir al Ayuntamiento, incluyendo la gestión de las infraestructuras en condiciones normales de uso. Al finalizar el plazo, Cort inició negociaciones con Mercasa para formalizar el proceso y tener el 100% de Mercapalma, pero no lograron llegar a un acuerdo. Martínez afirma que Mercasa "se niega a reconocer lo que legítimamente corresponde al Ayuntamiento y lo que está estipulado en esos estatutos".
Martínez afirma que solo permitirá que Mercasa continúe "si acepta nuevas condiciones" y aceptaría incluso "cambiar los porcentajes con la empresa pública de distribución". Sin embargo, Mercasa se ha negado de forma unilateral, exige una concesión indefinida y ha recurrido al Gobierno central. Algo que Martínez ha calificado como un "acto de deslealtad", ha añadido que es "inadmisible" que mientras se trasladaba al Ayuntamiento una voluntad negociadora "se ha estado tramitando un procedimiento express con el objeto de someter al Consejo de Ministros una propuesta de privación de todos los derechos de reversión que el municipio de Palma tenía reconocidos contractualmente desde hacía 50 años".
Cort tiene hasta el miércoles de la semana que viene para presentar alegaciones y ha asegurado que "llegará hasta donde haga falta". A pesar de la disputa legal, el funcionamiento del centro no se verá afectado. Si el contrato actual se prorroga, los beneficios y gastos del Ayuntamiento de Palma no cambiarán.
